Juez rechaza que magnate Del Valle se persone en la causa que investiga caída del Popular

El juez Calama confirma que Emilio del Valle no podrá intervenir en la investigación sobre la caída del Banco Popular y permite el acceso a las pólizas de responsabilidad civil de PwC

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Madrid, 17 oct (EFECOM).- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la pretensión del magnate mexicano Emilio del Valle, el que fuera principal accionista del Banco Popular (con un 4,2 %), de personarse en la causa por la resolución de la entidad, que le causó una pérdida de unos 550 millones de euros.

En un auto fechado este jueves al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central de instrucción nº 4 afirma que, aunque la participación de Del Valle en la causa fue sobreseída -formaba parte del Consejo de Administración cuando se votó la ampliación de capital de 2016 objeto de la investigación-, nada impide que puedan ejercitarse ahora acciones civiles sobre su persona.

En otro auto también fechado este jueves, el juez ha decidido poner a disposición de las partes las pólizas de responsabilidad civil que aportó al juzgado PwC "sin ningún tipo de censura o tachadura que impidan su lectura".

Los datos reflejados en dichas pólizas de seguro no se pueden considerar como secreto empresarial, indica el juez, en línea con el informe de la Fiscalía.

Calama dice no entender "en que puede afectar a la capacidad competitiva de PwC que los presuntos perjudicados por la actuación, entre otros, de esta empresa auditora tengan acceso a las pólizas que cubren su posible responsabilidad, derivada de su actuación profesional".

Las pólizas, señalaba la Fiscalía y defiende también el juez, "por el negocio jurídico que representan están llamadas a ser conocidas por los perjudicados como medio para ejercer las acciones que la le de Contrato de Seguro les otorga".

Por lo tanto, el contenido de las pólizas "puede y debe" ser conocido por los perjudicados.

Calama acordó el pasado 4 de marzo procesar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016.

El juez constató que los déficits de provisiones ocultos en las cuentas de 2015 y primer trimestre de 2016 se mantuvieron en los estados financieros semestrales de 2016, auditados por PwC, y en los del tercer trimestre de ese año.

Asimismo, que, en las cuentas anuales del año 2016, se corrigió parte de ese déficit, pero se puso de manifiesto, por parte de la inspección sobre activos adjudicados, un déficit de 1.418 a 1.620 millones de euros. EFECOM

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