Dos condenados a 1 año de cárcel por urdir una trama para que un ecologista fuera detenido

Cádiz, 17 oct (EFE).- La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez de la Frontera, ha condenado a un año de prisión a dos de los cuatro acusados de urdir un montaje para que el ecologista Juan Clavero fuera acusado de narcotráfico.

En una sentencia, el tribunal condena por estos hechos, ocurridos en agosto de 2017, a José Miguel Herrera Díaz, entonces apoderado de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L (propietaria de una finca en el Parque Natural Sierra de Grazalema), y a Manuel Alcaide Parra, que, por encargo del anterior, se infiltró en la marcha ecologista en la que participaba Juan Clavero y colocó en su furgoneta una bolsa con 47 gramos de cocaína y cuatro gramos de hachís con el objetivo de que fuera detenido.

La sentencia les condena a un año de prisión a cada uno de ellos por un delito de denuncia falsa, al aplicarles la atenuante de dilaciones indebidas por el retraso "injustificado" de más de seis años en la celebración del juicio y establece que ambos paguen conjuntamente una indemnización de 20.000 euros a Juan Clavero, que llegó a ser detenido por narcotráfico, y una multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria.

"Clavero tuvo que padecer que se hablara de él en medios de comunicación en términos denigrantes, además de la inicial pérdida de su libertad junto con la lógica desazón e intranquilidad evidente que la pendencia de una grave causa penal provoca en cualquier persona normal", dice la sentencia

El tribunal absuelve a los otros dos acusados, que eran capataces de la finca, al no quedar probado que ambos participaran activamente en el plan, y a la Sociedad Breña del Agua como responsable civil subsidiaria, ya que entre las tareas del gestor de la finca, dice el fallo, no figuraba que este llevara a cabo semejante plan.

La sentencia recuerda que Herrera Díaz quiso "ocasionar problemas" a miembros de la Asociación Ecologistas en Acción y de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos porque denunciaban la usurpación de caminos públicos que atravesaban la finca que gestionaba.

Al enterarse de que iban a hacer una manifestación, urdió un plan para infiltrar a Manuel Alcaide como un ecologista más en la marcha reivindicativa y que introdujera disimuladamente droga en el coche de alguno de los organizadores

 Después, José Miguel Herrera se citó con un agente en una venta y le explicó que tenía un infiltrado en la marcha y que le había dicho que uno de los ecologistas llevaba bastante droga en su furgoneta.

El agente lo comunicó a su superior y envió al lugar una patrulla. Cuando interceptaron la furgoneta de Juan Clavero no encontraron nada. El agente llamó al apoderado, que le comunicó en un SMS donde tenía que buscar la droga: "Detrás del asiento del copiloto, borra esto".

El tribunal afirma en la sentencia que los dos condenados conocían que los hechos que denunciaban eran falsos.

"Su interés en que la droga fuera descubierta y de que se imputara de un delito al conductor de la furgoneta desborda el interés normal que cualquier ciudadano pueda tener en la averiguación y persecución de un delito", sostienen la sentencia.

"La actuación de uno y otro acusado se revela conjunta y decisiva para culminar con éxito la actuación de la Guardia Civil" en la detención del ecologista.

 En una nota de prensa, Ecologistas en Acción considera que las penas impuestas "no se corresponden con la gravedad de los hechos" y para Juan Clavero la sentencia tiene "un sabor agridulce".

   Juan Clavero y Ecologistas en Acción lamentan que los acusados no hayan sido condenados por los delitos de provocación y conspiración para la detención ilegal y simulación de delitos de los que habían sido acusados por ellos, que otro de los acusados haya sido absuelto porque no se aportaron en el juicio las grabaciones originales de un vídeo y considera "muy sorprendente" la absolución de la empresa propietaria de la finca.

   Por ello estudian la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo. EFE