La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al tribunal que preside el magistrado de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara que imponga una sentencia condenatoria a Ana Catarina Varandas, la nuera del que fuera embajador español en Caracas Raúl Morodo, por haber utilizado un "mecanismo defraudatorio" contra la Hacienda Pública, al tiempo que ha reducido su petición de pena.
En la vista oral que arrancó este lunes, y que ha quedado vista para sentencia, la fiscal Ana Cuenca ha rebajado su petición inicial --que se elevaba hasta los 8 años y 6 meses de cárcel-- en hasta tres años al aplicar una atenuante de reparación del daño.
Con todo, la representante del Ministerio Público ha sostenido que Varandas hizo uso de un "mecanismo que ha ocultado, desdibujado y enmascarado" el incremento patrimonial que no declaró al fisco en las declaraciones fiscales realizadas en los ejercicios de 2013 y 2017.
La Fiscalía ha asegurado que, en este caso, "no valen presunciones de presunciones" y tampoco "conjeturas". "No tenemos una alternativa plausible", ha continuado, destacando que la acusada no ha sido capaz de ofrecer un relato distinto al ofrecido por Anticorrupción.
El mismo, detallado por la fiscal a lo largo de una hora de informe final, ha puesto el foco en la supuesta defraudación tributaria penal cometida por Varandas. En primer lugar, para darse, la Fiscalía ha asegurado que el presupuesto necesario es que el hecho imponible "esté sujeto a tributación".
UNA DEFRAUDACIÓN PENAL
"Este presupuesto ha quedado acreditado. Tenemos un informe que no hace calificaciones jurídico penales, sino apreciaciones técnicas. Concluye que hay que liquidar ese hecho imponible en el IRPF como una ganancia de patrimonio no justificada", ha aseverado.
El segundo presupuesto, ha incidido la fiscal, es que haya una liquidación tributaria. "Y la tenemos. Hay una liquidación que determina dos aspectos: que esa cuota excede de los 120.000 euros y que ha habido una elusión de esa cuota", ha añadido.
No obstante, Anticorrupción ha reconocido que con esa "elusión sin más" no se podría hablar de una defraudación tributaria penal. "Pero concurre un tercer requisito: que hay un mecanismo defraudatorio para eludir esa cuota", ha apostillado.
En definitiva, la Fiscalía ha argumentado que no hay ninguna acreditación de que los "supuestos servicios generadores de las rentas obtenidas a través" de la empresa pública petrolera venezolana PDVSA "hayan sido realmente prestados". "Todos estos hechos que han sido reconocidos permiten llegar a esa consideración", ha añadido.
LA DEFENSA PIDE LA ABSOLUCIÓN
La acusación popular que ejerce Manos Limpias ha ratificado "todo lo expuesto de forma brillantísima" por la Fiscalía, asegurando que existió un "incremento patrimonial injustificado" y apuntando "que es imposible" que Varandas no lo conociera.
La defensa, por su parte, ha solicitado una sentencia absolutoria al entender "que no ha quedado acreditada la responsabilidad penal por una supuesta defraudación penal.
La propia Varandas, en su declaración en el juicio, negó que cometiese un fraude a la Hacienda Pública y afirmó que sus declaraciones fiscales durante el período por el que ha sido juzgada las preparaban su marido Alejo y su asesor fiscal.
Cabe destacar que tanto Raúl como el propio Alejo Morodo reconocieron los hechos que se le imputan en la sesión de este lunes, pero Varandas descartó alcanzar un acuerdo de conformidad.
LA RELACIÓN CON PDVSA
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción destacaba que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su "actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional", que le habrían generado "cuantiosas rentas".
Anticorrupción explicaba que Alejo Morodo se valió de "relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España" para así iniciar "una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014".
"Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades", sostenía el Ministerio Público.
En la "ejecución de esta ilícita actuación", indicaba Anticorrupción, "participaron Ana Varandas y Raúl Morodo". En el caso del exembajador, añadía la Fiscalía, "también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades".
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