Un fiscal general y diez polémicas

Rafael Martínez y Miriam Mejías.

Madrid, 16 oct (EFE).- En poco más de dos años como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz acumula polémicas y choques con el Tribunal Supremo, el CGPJ, partidos y parte de la carrera fiscal por sus nombramientos, las acusaciones de su cercanía al Gobierno y su posición respecto de la ley de amnistía.

A continuación, los acontecimientos más polémicos que se han sucedido desde su nombramiento en 2022 como fiscal general.

Este miércoles, García Ortiz se ha convirtido en el primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia, por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz llegó a la cúspide de la Fiscalía General tras unos años como fiscal jefe de la Secretaría Técnica, si bien su cercanía con su antecesora, la también exministra Dolores Delgado, hizo que fuese objeto de críticas políticas y de la carrera fiscal desde antes de su nombramiento.

El fiscal general recibió entonces el aval del Consejo General del Poder Judicial, ya caducado, como establece la ley, algo que no ocurrió un año después, cuando el Gobierno volvió a proponerle tras las elecciones generales. Por primera vez, el CGPJ, por un solo voto de diferencia- decidió que no era idóneo para el cargo. Tras ello, acusó al Consejo de actuar como "un tribunal de honor".

Si hay un asunto especialmente cuestionado en la trayectoria de García Ortiz ha sido su política de nombramientos, con frecuencia llevada al Tribunal Supremo por algunas asociaciones.

El alto tribunal ha revocado algunos de sus nombramientos más polémicos, como el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, donde los magistrados vieron una "desviación de poder"; o su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo al que la volvió a proponer el fiscal general.

En alguna ocasión, desde la Fiscalía General se ha visto alguna resolución judicial del Supremo como "un claro ninguneo de las funciones del Consejo Fiscal".

Uno de los choques más mediáticos a nivel interno se produjo con los fiscales del 'procés', cuando estos se opusieron a acatar la orden de García Ortiz, de amnistiar todos los delitos a los líderes independentistas catalanes, -ellos dejaban fuera la malversación- por ser "improcedente" y "contraria a las leyes". Finalmente, la cúpula fiscal avaló por la mínima el criterio del fiscal general y como resultado, los cuatro fiscales se apartaron de la causa.

Con la amnistía a las puertas, la número 2 del Ministerio Público pidió al Supremo no investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, desoyendo la posición de la cúpula fiscal y tras el cambio de criterio del fiscal del Supremo en su informe inicial, un asunto que parte de la carrera fiscal y de algunos partidos achacaron a García Ortiz. Semanas después, la causa fue archivada pero no fueron pocos los fiscales que hablaron entonces de un desgaste interno innecesario.

En la esfera política, su figura se ha convertido estos años en diana de críticas hacia el Gobierno, con alusiones habituales a él como "ministro número 23" y frecuentes peticiones de dimisión, que se han repetido este miércoles. El pasado mayo fue reprobado por el Senado, con la mayoría absoluta del PP.

18 fiscales del Supremo arremetieron contra él por "ignorar deliberadamente" la demanda de amparo de los fiscales del 'procés', por las alusiones al 'lawfare' (instrumentalización de la justicia) plasmadas en el acuerdo PSOE-Junts. Además, el CGPJ advirtió de su inacción ante la campaña de "ataques mendaces" contra esos mismos fiscales, mostrándose incluso "en sintonía" con sus promotores. Pero él siempre dijo que defendió el "trabajo diario de todos los fiscales" frente a las acusaciones de 'lawfare'.

En febrero de este año, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), muy crítica con su labor, recurrió ante el Supremo su designación como fiscal general del Estado, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno mostraban que su nombramiento no se ajustaba a la ley. El tribunal aún debe pronunciarse sobre este asunto.

En un hecho insólito, pidió la recusación de cuatro de los cinco magistrados que tienen que resolver el recurso contra su nombramiento, pero el alto tribunal inadmitió a trámite su petición no solo por "la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación" sino porque su formulación es "extemporánea". Su posición, aunque legítima, fue mal vista por una parte de la carrera.

El actual clima del Consejo Fiscal se define por la tensión y el enfrentamiento que mantiene con García Ortiz, con mayoría de las asociaciones conservadoras que cuestionan la política de nombramientos del fiscal general, al que se le acusa de favorecer a la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de la que fue portavoz. Otro enfrentamiento vino por el no de García Ortiz a permitir que el Consejo se pronunciase sobre la Amnistía. EFE