El Consejo de Europa ha indicado que España continúa "muy por encima" de la media europea en lo que respecta al presupuesto con el que cuentan los tribunales por habitante, que cifra en 82 euros. Sin embargo, puntualiza que el número de jueces por cada 100.000 habitantes es "significativamente inferior" a la media.
Así lo refleja en una nueva edición del informe, recogido por Europa Press, sobre la eficiencia y calidad de la Justicia en Europa, con datos de 2022 de hasta 44 países.
El Consejo de Europa señala que ese año España destinó al sistema judicial 4.650.433.004 euros, lo que representa 96,8 euros por habitante, también por encima de la media de países.
Igualmente, el presupuesto español fue superior en cuanto a porcentaje del PIB, ya que más del 80% de lo destinado al sistema judicial se dedicó a los tribunales y, además, el gasto en asistencia jurídica (7 euros por habitante) fue "significativamente" más alto, aunque expone que la partida asignada a la Fiscalía fue la mitad que la media.
Respecto a la organización judicial, el Consejo de Europa manifiesta que España tiene uno de los mayores números de tribunales por cada 100.000 habitantes debido a la fórmula "un juez-un tribunal" en primera instancia.
El informe considera que la especialización también está muy presente, al contar con alrededor del 40% de tribunales especializados en diferentes áreas, como los Juzgados Penales de Violencia sobre la Mujer, que dice que son "muy singulares".
LA EFICIENCIA, PEOR TRAS LA PANDEMIA
Los datos reflejan que el número de jueces por cada 100.000 habitantes siguió siendo "significativamente inferior" a la media europea, con 11,92 frente a 17,43, si bien apunta que hay un número muy elevado de personal no juez (8,7 personal no juez por juez es una de las tasas más altas de Europa).
Según el mismo informe, España concedió en 2022 el mayor número de casos con asistencia jurídica gratuita en Europa y es "uno de los pocos Estados" que solo exige las tasas judiciales para iniciar procedimientos judiciales a las empresas y no a los particulares.
El Consejo de Europa, que también ha medido la eficiencia de los tribunales, precisa que los españoles siguen siendo más eficientes en la segunda instancia, siendo los asuntos penales el ámbito de mayor eficiencia, aunque no se consiguió volver a los niveles previos a la pandemia en la mayoría de tipos de casos e instancias.
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