Madrid, 15 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ministerio del Interior a informar al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre algunos aspectos de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), como el número de quejas registrado en 2022, tal y como solicitó a través del portal de transparencia.
En una sentencia, remitida este martes por la entidad, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estima íntegramente el recurso de SJM y condena a Interior a facilitar la información requerida en el plazo de un mes.
El recurso se interpuso a raíz de una solicitud de información que realizó la entidad el 12 de enero de 2023 sobre el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros y que no fue atendida en el plazo de un mes que fija ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La Dirección General de la Policía remitió en mayo, cuando la entidad ya había emprendido acciones legales, un oficio en el que se suministró "la práctica totalidad de la información solicitada", pero no así el número de quejas registradas en cada CIE según hayan sido presentadas por internos, familiares u otros agentes y qué centros tienen cubierto el puesto de jefe de servicio de sanidad.
La Sala estima que se ha de facilitar esta información, de acuerdo a la ley de transparencia de 2013, ya que no aprecia que en este caso se haya de aplicar ninguno de los límites o causas de admisión que contempla la propia norma.
Por ello, declara que la Administración "ha incumplido su obligación" y la condena a informar sobre estos aspectos en el plazo de un mes desde el momento en que sea firme la sentencia, que puede ser recurrida.
En un comunicado, el Servicio Jesuita a Migrantes ha celebrado que esta resolución "genera un precedente para cumplir con la transparencia y buen gobierno en futuras solicitudes".
Ha recordado que el acceso a esta información es "clave" para la realización de sus informes anuales, que buscan "visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios" y "cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión".
La entidad ha insistido en la necesidad de cerrar estos centros y encontrar alternativas "más humanas", previstas en el ordenamiento jurídico, para las personas extranjeras que se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
El último informe del SJM reveló que 2.085 personas ingresaron en CIE en el año 2023, la mayoría de ellas con indicadores de arraigo en España: llevaban años en el país, habían crecido aquí, tenían familiares próximos con nacionalidad española o incluso tenían ciudadanía de la UE.
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