Madrid, 15 oct (EFE).- El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea (CE) a ajustar el déficit público en una media de 0,4 puntos del PIB anuales entre 2025 y 2031, lo que equivaldría a unos 42.000 millones de euros en un cálculo hipotético que tomara como base para todos los ejercicios el PIB de 2023.
Este ajuste del déficit estructural primario está recogido en el plan fiscal que el Ejecutivo enviará a Bruselas este martes, han explicado fuentes del Ministerio de Economía, que aclaran que el documento no precisa cómo se realizará el ajuste, ya que las medidas se concretarán en los sucesivos presupuestos.
El ajuste calculado por Economía es ligeramente inferior al que habían estimado la AIReF (0,43 puntos de PIB) y el Banco de España (0,5 puntos).
Este plan aplica, por primera vez, las nuevas reglas fiscales europeas, por las que la única variable que tendrá en cuenta la Comisión Europea es el gasto, en concreto el aumento del gasto primario neto, que excluye determinadas partidas como los intereses de la deuda o las inversiones financiadas con fondos europeos.
Este aumento del gasto neto, en el caso de España, será como máximo de una media del 3 % cada año hasta 2031, dos décimas más de lo que había planteado inicialmente la Comisión Europea (2,8 %) después de que el Gobierno alegara que logrará ingresos adicionales con la reforma de pensiones y de obtener mejores datos de población en la última estadística de Eurostat (por los mayores flujos de migración).
Los datos de aumento del gasto neto, explica Economía, se calculan a partir de las previsiones de crecimiento económico e inflación y tras realizar un ajuste -estimado en un punto de PIB cada año en el periodo 2025-2031- que garantice que la deuda pública se coloca en una senda descendente incluso en escenarios de estrés -ya contempla, por ejemplo, el coste del envejecimiento-.
En cualquier caso, el Gobierno podría aumentar el gasto por encima de la limitación comprometida con Bruselas si adopta nuevas medidas de ingresos.
Los planes fiscales están inicialmente planteados para cuatro años, pero la Comisión Europea da la posibilidad de extender el ajuste a siete años si los países se comprometen a realizar ciertas reformas e inversiones estructurales, como ha hecho España.
Las reformas comprometidas por el Ejecutivo permitirán que la economía crezca 3,3 puntos de PIB adicionales en 2031 y tendrán un impacto en la reducción del déficit estructural primario de 2,4 puntos de PIB en ese año, calcula Economía.
Sin embargo, no todas esas medidas son nuevas, ya que la mitad de ellas -las que aportarán 1,6 puntos al PIB y reducirán 1,1 puntos el déficit- ya están en marcha como parte del Plan de Recuperación, aunque se tienen en cuenta porque su impacto continuará hasta 2031.
Por lo que respecta a las que quedan pendientes, destaca la reforma fiscal, que permitirá reducir en 0,3 puntos de PIB el déficit en 2031 -unos 6.000 millones del PIB previsto para entonces-, aunque el plan no concreta ni las medidas que incluirá ni qué parte de ese impacto corresponde a iniciativas ya aprobadas.
Otras reformas comprometidas son el impulso de la factura electrónica, un nuevo reglamento de extranjería, el plan estratégico del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los convenios con las mutuas relativos a la incapacidad temporal o el fomento de la vivienda asequible.
El primer paquete de medidas concretas de ajuste se incluirá en el borrador presupuestario para 2025 que el Gobierno enviará a Bruselas, algo que prevé hacer una vez que presente el proyecto de presupuestos para el próximo año. EFE
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