El Gobierno da un impulso al reglamento para regular los alquileres y perseguir el fraude

Madrid, 15 oct (EFE).- El Gobierno ha sacado en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que crea la Ventanilla Única Digital para regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación, que se espera que esté listo antes de que finalice el año, y que conlleva un registro previo sin el que no se podrán comercializar.

Además, ha aprobado la distribución territorial de los 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, todo ello en el primer Consejo de Ministros después de las manifestaciones de este domingo pidiendo una bajada de los precios del alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado en la rueda de prensa posterior que vendrán más medidas ya que el Gobierno no va a parar hasta dar solución al problema que tienen miles de personas en el país, un problema transversal para el que se van a poner todos los recursos, la disposición y la determinación para paliarlo.

Con esta ventanilla única digital de arrendamientos el Ejecutivo busca regular la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración y anvanza que será imposible comercializar los alquileres turísticos que no cumplan con la normativa.

Esta ventanilla, que se va a conectar con la ventanilla única europea, va a permitir perseguir el fraude de los alquileres turísticos, temporales y de habitaciones.

"Nadie discute que hay que poner orden al alquiler turístico", ha señalado la ministra, partidaria de prohibirlos y que tacha de valiente al alcalde de Barcelona por actuar en este sentido.

Este reglamento, que se va a publicar esta mañana en audiencia pública, y que quedó pendiente de su desarrollo en la Ley de Vivienda, ha recibido más de 100 aportaciones desde que se anunció su puesta en marcha y estará listo antes de que finalice 2024, lo que convertirá a España en el primer país europeo en desarrollarla.

Así, se va a contar con el apoyo del Registro de la Propiedad para dotarlo de seguridad jurídica y ofrecer un número, una matrícula, con una duración de 12 meses, para certificar que los alquileres cumplen con las normativas, las ordenanzas municipales y las licencias, al tiempo que se sabrá también las comunidades de vecinos que han prohibido los alquileres turísticos.

De esta forma, se busca incrementar la información disponible con un registro sin el cual no se van a poder comercializar estos alquileres en las plataformas.

Si hay dudas se dará un plazo de 15 días a estos alquileres para subsanar la información requerida y de no ser así se suspenderá su registro y no se podrán comercializar.

Todas aquellas viviendas turísticas que no tengan este número verificado por los registradores, no van poder operar y dejarán de estar en el mercado y todo contrato de alquiler de temporada que no tenga una causalidad justificada, será un fraude y no podrá ofrecerse en las plataformas en línea.

La ministra ha abogado por que haya datos públicos al servicio del interés general y que no vengan de sectores privados interesados en fines particulares por falta de información.

El Gobierno quiere proteger a los ciudadanos que necesitan este tipo de alojamientos de corta duración, poner coto a los turísticos ilegales y priorizar el alquiler de una vivienda habitual.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución de 200 millones para la tercera edición del Bono Alquiler Joven, de forma que ya son 600 millones los repartidos en este concepto, y ha subrayado que hay cuestiones que las comunidades autónomas deben mejorar como que los pagos sean más inmediatos, que se atiendan los pendientes, se reduzca el plazo de pago y no se creen discriminaciones entre jóvenes por la gestión autonómica. Todo ello se llevará a una próxima conferencia sectorial.

El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.

Además, ha indicado que bajo la presidencia de Pedro Sánchez se han destinado más de 20.400 millones a las políticas públicas de vivienda, que tienen como objetivo garantiza el derecho constitucional a la misma, ampliar el parque público y conseguir que los ciudadanos no tengan que destinar más del 30 % de los recursos a la vivienda.

Preguntada por las tensiones con ss socios de Sumar en materia de vivienda, la ministra ha asegurado que la única tensión que le preocupa es la del precio del alquiler, y que si tiene que confrontar con alguien es con la derecha que defiende el libre mercado y que ha conducido a esta situación. EFE