La vivienda irrumpe en el debate público tras la multitudinaria protesta de este domingo

Madrid, 14 oct (EFE).- El problema del acceso a la vivienda ha vuelto a irrumpir en el debate público, en medio de la polémica sobre la ley que hará que varios etarras cumplan menos años de prisión o las nuevas informaciones sobre el caso Koldo y un día después de la multitudinaria protesta en la que se pidieron medidas para rebajar el precio de los alquileres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler, así como el impulso de un nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros esos fondos, que con la misma cuantía que el pasado año permitirá reeditar el Bono Alquiler Joven, mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que los instrumentos para abaratar el precio de la vivienda "están en marcha".

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha tildado como "claramente insuficientes" las actuaciones planteadas por Isabel Rodríguez, y ha subrayado que es "el momento de intervenir en vivienda".

Para ello, ha exigido tomar medidas "valientes", como controlar los precios de alquiler, condicionar las ayudas públicas en vivienda para las comunidades autónomas al cumplimiento de la ley estatal, o prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas para especular, todo ello acompañado de una "política sostenida" de construcción de vivienda pública.

Urtasun ha asegurado que la vivienda es una "absoluta prioridad" en las negociaciones que Sumar mantiene con el PSOE para los próximos presupuestos generales y ha sido especialmente crítico con los 200 millones de euros para el Bono Alquiler Joven al opinar que no van "a la raíz del problema".

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha señalado por su parte que el Gobierno intervendrá en el mercado de la vivienda "si es necesario" y ha incidido en que tanto el partido como el Ejecutivo van a dar "la batalla a los fondos buitre".

A lo largo de la mañana, los socios de investidura de Sánchez también han reclamado que esa medida para ayudar a los jóvenes vaya acompañada de otras como la regulación de los precios de los alquileres, para que sea efectiva.

Sin llegar a mencionar esta medida, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido en una nota de prensa una "cirugía radical con medidas audaces en política de vivienda", como por ejemplo gravar fiscalmente "con dureza" los pisos turísticos y alquileres reducidos exclusivamente de temporada.

La líder de Podemos, Ione Belarra, también la ha rechazado en la red social X, mientras que el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha avisado a Sánchez de que su futuro dependerá de "su capacidad para resolver la situación de la vivienda".

 "Si no se frenan los abusos contra los inquilinos, los alquileres seguirán subiendo y esas ayudas públicas acabarán en los bolsillos de los propietarios", ha advertido el diputado de Bildu Oskar Matute; y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que con esa medida la bajada de precios "depende de la buena fe de los caseros".

Desde la oposición, han quitado hierro al anuncio de Sánchez y han afeado la presencia de miembros del Gobierno en las manifestaciones de este domingo.

Fuentes del PP han señalado que el Bono Alquiler Joven "es un reanuncio" porque ya pasó por la conferencia sectorial de vivienda con consejeros hace días. "Además, se trata de la misma cuantía que se aprobó en 2022 y 2023. Es decir: no supone ninguna mejora", han añadido los populares.

Por su parte, Vox ha tildado de "bochorno" la presencia de líderes socialistas en las manifestaciones en defensa de la vivienda digna de este domingo y ha acusado al Gobierno de "salir a las calles para intentar tapar su corrupción". EFE