Las diez claves del asesinato de Samuel Luiz: cinco acusados y penas de hasta 27 años

Miguel Álvarez

A Coruña, 12 oct (EFE).- El juicio por el asesinato de Samuel Luiz empieza el próximo miércoles 16 de octubre, en un proceso que tiene diez claves y en el que cinco acusados se enfrentan a penas de hasta 27 años de prisión, con dos menores ya condenados.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá durante un mes el juicio, con jurado popular, por el crimen que segó la vida del joven de 24 años, de origen brasileño, la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña, frente a la playa de Riazor, en una zona de ocio nocturno.

Será un proceso mediático debido al componente homófobo al que apuntaron testigos presenciales aquella noche y que también ven las acusaciones como agravante.

Los acusados y la víctima estaban en el pub Andén aquella noche, de viernes a sábado, y cerca de las 3 horas, fuera, iniciaron una discusión porque los primeros pensaban que el segundo los grababa -él realizaba una videollamada-, incluso con amenazas y al grito de "maricón" por parte de uno de los encausados, según las acusaciones.

Este supuestamente empezó a golpearlo, en una agresión a la que se unieron seis compañeros -dos menores- y en la que su pareja -la única mujer implicada en el caso- participó al apartar a cualquier posible ayuda, mientras el resto lo golpeaban.

La paliza se produjo primero en el paseo marítimo, donde dos senegaleses lograron socorrerlo con riesgo para sus vidas, y la persecución continuó hasta la agresión final a 150 metros, en el otro lado de la calle, donde posteriormente Samuel Luiz fue recogido por el personal de una ambulancia y falleció a las 6:50 horas en el hospital.

Los acusados se reunieron posteriormente en un parque para comentar lo sucedido.

Los padres y la hermana de la víctima padecen las secuelas psicológicas de los hechos. De hecho, ambos progenitores sufren trastorno depresivo mayor crónico moderado y él está incapacitado de modo permanente con un cuadro residual de trastorno mixto ansioso depresivo.

Diego Montaña es quien supuestamente inició la agresión, con un claro odio hacia el colectivo LGTB según las acusaciones, tenía 25 años en el momento de los hechos, desde cuando está en prisión provisional, y ahora está a punto de cumplir 29.

Catherine Silva es la pareja del anterior, en quien las acusaciones también ven homofobia, tenía 19 años en el momento de los hechos, desde los que estuvo siempre en libertad con medidas cautelares tras su detención, y ahora tiene 22 años.

Alejandro Freire 'Yumba' es amigo de los anteriores y supuestamente el primero en unirse a la agresión, tenía 21 años aquel día, desde el que está en prisión, y ahora tiene 24.

Kaio Amaral Silva es quien está acusado también de robar el móvil de la víctima para destruir pruebas, tenía 18 años entonces, desde cuando está en la cárcel, y ahora tiene 22.

Alejandro Míguez fue el último detenido y mejor amigo de Diego Montaña, fue detenido casi tres meses después de los hechos con 25 años, ingresó en prisión, pero salió en libertad provisional algo más de un mes después, situación en la que continúa a punto de cumplir los 29 años.

Los dos menores fueron detenidos en julio de 2021 y fueron condenados el 30 de marzo de 2022 a tres años y medio de internamiento. Alcanzaron entonces un acuerdo en el que confesaron el asesinato, por lo que la sentencia fue firme desde el principio y habrán cumplido su condena el próximo mes de enero.

Deben afrontar solidariamente con el resto de condenados un pago de más de 263.000 euros a los padres de la víctima.

Por su implicación en el caso, si bien su sentencia solo aborda su participación y no la de los adultos, declararán en el juicio el próximo jueves 24 de octubre.

El propio sábado 3 de julio, a través de la entonces red social Twitter algunos usuarios que decían ser testigos presenciales de los hechos apuntaron al uso de la palabra "maricón" durante la paliza.

Según avanzó la investigación, la teoría de los motivos vinculados a la discriminación sexual en algunos de los implicados empezaron a ganar fuerza y finalmente la Fiscalía la apreció en dos de las personas encausadas.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para todos por un delito de asesinato con ensañamiento -aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido- y alevosía -al garantizar la ausencia de riesgo para los atacantes por la imposibilidad de defensa de la víctima-.

En el caso de Diego Montaña y Catherine Silva, aumenta la pena a 25 años, al ver también la agravante de discriminación por la condición sexual de la víctima.

Para Kaio Amaral Silva pide 27 años porque lo acusa, además del asesinato, de un robo con violencia, al haber sustraído supuestamente el teléfono móvil de Samuel Luiz.

Junto con las penas de prisión, la Fiscalía reclama el pago de 263.284,27 euros para los padres y la hermana de la víctima -cantidad que procede de la sentencia de los menores- y otros 40.000 euros para el padre por la incapacidad, al margen de lo que determine el Servicio Gallego de Salud como gastos de aquella noche, además de 859 euros -solo Kaio Amaral Silva- por el robo del móvil.

La estrategia de las defensas durante la fase de instrucción estuvo vinculada a la causa de la muerte y la autopsia, pues incluso pidieron un segundo informe forense que llegó a la misma conclusión que el primero: Samuel Luiz falleció por un cúmulo de golpes.

Lo que buscan las defensas es encontrar un único golpe mortal y desvincular a sus clientes del mismo, al tratarse de una agresión grupal en la que resulta complejo acreditar el origen preciso de cada una de las lesiones.

Las acusaciones se centrarán en el hecho de que fue el conjunto de los golpes el que provocó la muerte, lo que hace a todos los que los provocaron culpables, y pondrán el foco en el ADN dejado por los atacantes en el cuerpo de la víctima y en las conversaciones de los procesados a través de redes sociales así como la identificación visual de todos a través de las cámaras y los testigos presenciales.

Habrá treinta testigos presenciales de lo ocurrido, de los que dieciocho no conocían a los implicados, por lo que su testimonio tendrá especial relevancia, todos entre el 18 y el 29 de octubre.

El 4 noviembre declararán los agentes de la Policía Nacional que visionaron las cámaras de la zona e identificaron a los acusados, que también interceptaron sus conversaciones de aquella noche en redes sociales.

Al día siguiente estarán ante el tribunal los médicos encargados de la autopsia y el 8 de noviembre será el turno de los que identificaron los restos de ADN.

Habrá tres acusaciones y cinco defensas, una para cada uno de los acusados. Las acusaciones son la Fiscalía, la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, y una acusación popular que ejerce el colectivo de defensa de los derechos LGTB Alas A Coruña.

Las otras dos acusaciones han avanzado que pedirán penas de prisión más elevadas e indemnizaciones más altas que las que establece la Fiscalía.

El proceso se celebra con jurado popular debido a que se trata de un delito de homicidio y la Ley del Tribunal del Jurado establece que estos casos deben someterse a la justicia popular.

El jurado se formará el próximo martes 15, cuando están citadas 36 personas de una lista que se elabora cada dos años entre el censo de cada provincia y quedará compuesto por nueve miembros y dos suplentes, que acudirán a las sesiones del juicio y podrán formular preguntas por escrito a todas las personas intervinientes a través de la magistrada presidenta.

Tienen 87 cuestiones, junto con otras 7 sobre el grado de ejecución del delito, a contestar, según lo establecido previamente, pero todo ello se reunirá en un objeto del veredicto que deberá redactar la magistrada una vez se termine el proceso y sobre el que votarán los miembros del jurado.

Este constará de los hechos que determine entonces la presidenta del tribunal y las votaciones se harán de manera que todos los favorables a los acusados -por ejemplo, circunstancias atenuantes- requerirán de cinco votos de los nueve posibles para su aprobación, mientras que los desfavorables -como autoría o circunstancias agravantes- necesitarán de siete de los nueve.

Está previsto que la entrega del objeto del veredicto se haga el lunes 18 de noviembre y, a partir de ahí, el jurado quedará aislado hasta resolver todos los puntos con las mayorías que establece la ley.

El resultado se comunicará a los procesados en una nueva vista oral, que se convocará de urgencia cuando corresponda, y a partir de ahí, la magistrada presidenta redactará la sentencia.

Esta no será firme, pues contra ella cabrá recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, posteriormente, de casación ante el Tribunal Supremo. EFE

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