La Audiencia Provincial de Madrid arrancará el próximo miércoles el juicio contra Cristóbal López, conocido como 'El Toba', por presuntamente abusar sexualmente de una decena de menores en la frutería que regentaba en Valdeavero.
El fiscal solicita 98 años de cárcel por delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y delitos de exhibicionismo y provocación sexual de menores. La acusación particular, ejercida por el abogado Juan Manuel Medina, eleva la solicitud a 105 años de prisión.
En octubre de 2023, 'El Toba' fue condenado a 19 años de cárcel por una agresión sexual que cometió en agosto de 2022 a un menor de 15 años en su domicilio. En enero de 2024, se enfrentó a otro juicio por otro caso de corrupción de menores del que salió absuelto. En la vista, aseguró que sus hijos o un amigo que les cuidaba le pudieron meter en un chat sexual con fotos de menores.
En este juicio, el fiscal mantiene que los abusos se cometían en la frutería que regentaba el acusado en Valdeavero o en su domicilio. Las víctimas, diez menores de entre 3 y 13 años, eran amigos de uno de sus hijos e hijos de su entorno.
DENUNCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS
El presunto pederasta fue detenido en diciembre de 2020 a raíz de una denuncia presentada por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, 'Toba' aprovechaba que los menores entraban a la tienda donde les ofrecían golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que Cristóbal residía en el municipio de Valdeavero, donde regentaba, desde octubre de 2018, la frutería llamada KEAI sita en la Plaza Víctimas del Terrorismo de la misma localidad.
El acusado vivía en el municipio con sus dos hijos. Uno de ellos contaba en Valdeavero con un grupo de amigos con los que jugaba al fútbol y frecuentaba la plaza de la localidad donde se ubicaba la frutería de su padre, local que también era frecuentado habitualmente por la mayoría de los padres de los antedichos menores.
Por ello, el procesado mantenía una relación de amistad y confianza con la mayoría de los progenitores, relación que era "extensiva de alguna manera a los propios menores en base a la relaciones existentes entre estos y su hijo".
Aprovechándose de tales circunstancias, el procesado, movido por "una pulsión sexual depredatoria" hacia el grupo de amigos de su hijo, abusó de los menores. Según el fiscal, mostraba a los niños vídeos de carácter pornográfico para que aprendieran a mantener relaciones sexuales y les amenazaba con pegarles un tiro con una escopeta si contaban lo que sucedía.
A raíz de estos episodios, las víctimas han presentado problemas emocionales y sintomatología ansiosa postraumática compatible con una experiencia de abuso sexual infantil, llegando a padecer serios trastornos en el sueño y habiendo precisado tratamiento psicológico.
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