Marlaska defiende el registro de viajeros y pide al PP que lo apoye y "no sea borroka"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumenta en el Congreso que el registro de datos de turistas es esencial para mejorar la seguridad frente al terrorismo y la criminalidad organizada

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Madrid, 9 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso el real decreto que obliga a las empresas del sector turístico a registrar decenas de datos de sus clientes y ha pedido al PP que "se suba al carro" y lo apoye en su tramitación.

"Espero que el partido de la seguridad no se convierta en este caso en el partido 'borroka', ha dicho el ministro a la diputada 'popular' Mercedes Fernández en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Fernández le ha respondido que el sector turístico está "en pie de armas" contra esta normativa por la "exageración del número de datos" que tienen que registrar, para lo cual dicen que "no están capacitados ni habilitados".

La diputada, que se ha referido a este real decreto como un "Gran Hermano" turístico, ha recordado también que el sector considera que pedir todos esos datos a los turistas "atenta contra la intimidad personal".

Además, exige una orden ministerial que lo desarrolle, "que está redactada, pero guardada en un cajón por miedo a que sea recurrida", ha denunciado.

El ministro le ha replicado que no es ningún "Gran Hermano" ni le "va el espionaje, como a otros partidos", sino que su objetivo es "mejorar la seguridad de todos los españoles y de los turistas que nos visitan y que lo hacen porque España es un país seguro".

Tras recordar que casi 95 millones de turistas visitan anualmente España, Marlaska ha subrayado que es preciso "adoptar medidas de seguridad para hacer frente al terrorismo internacional y la criminalidad organizada".

Ha defendido asimismo que este real decreto, que data de 2021 y que ha sido aplazado en tres ocasiones para dar tiempo a las empresas a adaptarse a sus requerimientos tecnológicos, no ha sido impugnado por las partes, está avalado por el Consejo de Estado y "pone en equivalencia la seguridad y el derecho a la intimidad".EFE

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