Madrid, 9 oct (EFECOM).- Los gastos generales para las constructoras se han disparado un 50 % en 20 años debido a las nuevas exigencias laborales y medioambientales por lo que el sector propone elevar al 17 % el porcentaje de gastos generales que sobre el presupuesto de ejecución pueden repercutir a la Administración.
Según ha apuntado este miércoles la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), estos gastos se suman al encarecimiento de los materiales y de la energía, lo que está agravando la situación que atraviesa la contratación pública y podría aumentar el número de licitaciones desiertas.
En presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, ha recordado que en el primer trimestre de 2023 quedaron desiertas 318 obras por un importe de 189 millones de euros y que en 2022 esta situación afectó a casi el 10 % de los contratos.
El presidente de CNC ha subrayado que la contratación pública está enferma y para evitar un parón de la contratación pública propone modificar el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla del 16 %-20 % de gastos generales que pueden repercutir las constructoras sobre el presupuesto de ejecución material, que ya estuvo recogido en la normativa reglamentaria hasta 1987.
La ley de contratos del sector público contempla ahora entre un 13-17 %, aunque en la práctica totalidad están topados al 13 %, reconoce Fernández Alén, que cree que estas horquillas están ancladas en los años 60-70.
La patronal ha analizado 11 contratos, de la Dirección General de Carreteras, Adif y de alguna otra Administración, y los gastos generales van de 14,63 % al 21,96 % del presupuesto de ejecución material, aunque en la gran mayoría está por encima del 17 %.
Entre los factores que han impactado en el incremento de los costes generales de estructura CNC cita unas 20 partidas: los sistemas de protección de datos personales; el registro de jornada; protocolos de igualdad; canal de denuncias; seguros; servicios especializados; gastos financieros y productos; cargas fiscales; tasas de la administración (4 % en las obras); licencias; transformación digital; reducción huella carbono; gestión de residuos, medioambiental o prevención de riesgos laborales.
La CNC ha presentado sus propuestas al Ministerio de Transportes, al de Hacienda y al de Transición Ecológica, y algunas comunidades ya lo han aplicado como Extremadura, donde han subido los gastos generales al 17 %, o Canarias, donde se han incrementado al 16 %.
Además, ha añadido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado un 60 % entre 2009 y 2022 y los precios de los materiales entre 2020 y 2021 tanto como en 2007-2020 y entre 2021 y 2022 tanto como en 2005-2020.
El presidente de CNC ha reconocido que Europa está muy preocupada por la caída del número de licitadores en los contratos y por el abuso de los medios propios por parte del Estado dado su impacto en la competencia. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) les ha convocado a una próxima reunión para abordar este tema.
Además, ha apuntado que el sistema de clasificación de contratistas, que data de 1965, está desactualizado a la realidad de las empresas; que Hacienda no tiene voluntad de modificar la Ley de Contratos; que hay que ajustar la Ley de Desindexación o que la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de flexibilidad en la jornada voluntaria.
CNC, que había cifrado en 700.000 los trabajadores que harían falta en el sector, cree que con el compromiso del Gobierno de movilizar 184.000 nuevas viviendas igual harían falta otros 700.000 empleados. Además, ha indicado que 2024 va a ser un año de récord en licitación.
Por ello, ha apostado por incorporar mujeres e inmigrantes, tanto regularizar los irregulares y formarles, como traerlos de fuera o firmar más convenios con países para este tipo. EFECOM