El TSJ cree que el plan del gobierno canario supondría retrasos y perjudicaría a los niños

Las Palmas de Gran Canaria, 8 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) advierte de que el protocolo del gobierno autonómico supone "un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes", aunque entiende la voluntad de "ordenar" la acogida para gestionar mejor una red "ya desbordada".

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC expone estos razonamientos en un auto por el que se ratifica en su decisión de suspender el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de Fernando Clavijo el 2 de septiembre, por el que se ordenó a las ONG que gestionan los centros de acogida de las islas que no aceptaran en ellos a ni un menor más sin permiso expreso de la comunidad autónoma.

Ese acuerdo fue la antesala de un protocolo -igualmente suspendido de forma cautelar por el TSJC y desde este martes también por el Tribunal Constitucional-, que exigía a la Policía, a la Fiscalía y a otros organismos dependientes del Estado cumplir toda una serie de requisitos antes de entregar a la comunidad a un menor inmigrante.

Esta resolución del Gobierno de Canarias había sido impugnada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que entendía que, con él, el Ejecutivo de Clavijo "trataba de forzar, por la vía de los hechos, que los menores (...) sean acogidos por el Estado".

Sin embargo, advertía, las instrucciones que había dado para ello infringían lo dispuesto en su propio Estatuto de Autonomía, así como "en gran cantidad de normas internacionales, constitucionales, estatales y de la propia legislación canaria" y, sobre todo, "vulneraban los derechos fundamentales de los menores", al retrasar su acogida.

A través de sus letrados, el Gobierno de Canarias respondió en este litigio que "siempre ha atendido, atiende y atenderá sus obligaciones con los menores extranjeros no acompañados", a pesar "del desbordamineto de las capacidades autonómicas y de la falta de acción" que atribuye a "la Administración General del Estado".

La Sala recuerda que no le corresponde ahora resolver el fondo del asunto, sino solo decidir si mantiene las medidas cautelares que dictó con carácter de urgencia hace una semana, sin ni siquiera escuchar los argumentos del Gobierno canario. Y establece que el marco para resolver esta cuestión es el interés superior del menor.

"No somos ajenos a la grave crisis migratoria que está sufriendo las Islas Canarias", razonan los magistrados, "y también comprendemos el interés de la administración autonómica en intentar ordenar la recepción de nuevos menores de cara a una mejor gestión de los ya desbordados recursos de los que dispone".

Sin embargo, precisan que, a su juicio, levantar ahora la suspensión del acuerdo impugnado podría perjudicar a los menores.

Porque, para la Sala, el "modo de proceder" que pretendía implantar el Gobierno canario con sus instrucciones a las ONG responsables de los recursos de acogida "comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros".

Y ello, añade, puede ocasionar "perjuicios a un colectivo que, por sus circunstancias, resulta especialmente vulnerable, al ser los centros de acogida los dispositivos a través de los que se vehiculiza y gestiona toda la ayuda que precisan estos menores para atender a sus necesidades básicas". EFE