Madrid, 8 oct (EFE).- Solo dos de las nueve activistas de Futuro Vegetal citadas a declarar este martes por supuestos delitos de organización criminal, desorden público y daños contra la seguridad del tráfico han declarado hoy ante el juez, debido al aplazamiento de la sesión, según ha confirmado a EFE su abogado, Enrique Flores.
Flores ha precisado que el aplazamiento se debió a "cuestiones del juzgado" y que, si bien "el proceso sigue su curso" con normalidad, de momento no hay nueva fecha para retomar la ronda de declaraciones del resto de acusadas, citadas en principio este martes en el Juzgado de Instrucción número 29 de Plaza de Castilla en Madrid.
Los hechos por los que se les juzga se remontan a diciembre de 2023 cuando miembros de la Policía Nacional detuvieron a dos docenas de activistas por "conformar una estructura criminal" con cargos por desorden público y contra la seguridad vial en al menos 65 hechos delictivos, desde arrojar pintura a fachadas de sedes de bancos hasta cortes en las carreteras madrileñas y sabotajes en edificios de los Ministerios de Justicia y de Transición Ecológica.
El informe presentado por la Brigada de Información de Madrid, que sustenta la acusación, establece que los daños por estas acciones superan el medio millón de euros e incide en que los líderes del colectivo que engrosan la lista de acusados recibieron presuntamente 140.000 euros en donativos por “coordinar” la actividad delictiva.
Flores ha indicado que las dos acusadas que han prestado declaración este martes "han defendido su inocencia" en una jornada en la que la que Futuro Vegetal ha convocado movilizaciones contra el proceso frente a varias sedes del PSOE por considerar el proceso judicial "una medida coercitiva por parte del Ministerio del Interior”, según un comunicado de la organización.
En el comunicado, Futuro Vegetal califica la investigación de "ilegal”, afirma que "no tiene razón de ser" y argumenta que "pretende desestabilizar el movimiento”, ya que “trabaja activamente contra el derecho de libertad de expresión”.
También recuerda la posición de otras organizaciones que aseguran existe una "persecución” al activismo, entre ellas la plataforma Defender a Quien Defiende, que "informó del efecto intimidatorio de los procesos judiciales" en este sentido.
De hecho, hoy también se ha personado en las puertas del juzgado, en apoyo a las acusadas, el investigador de Amnistía Internacional Daniel Canales, quien ha reconocido a EFE que en España “hay activistas climáticos enfrentando procedimientos penales y sanciones administrativas”, lo que “está teniendo un efecto desmovilizador contra ellos”.
La presentación de cargos de este tipo contra participantes en acciones de desobediencia civil "puede constituir una limitación indebida de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión", ha añadido.
Este proceso judicial coincide con la publicación en el diario español ABC del contenido de otro informe policial de la Brigada Provincial de Madrid que acusa al líder y cofundador de Futuro Vegetal Eduardo Jesús Rovira, más conocido como Bilbo Bassaterra, de fabricar facturas falsas para desviar en su propio beneficio más de 44.000 euros de donativos destinados a la lucha contra el cambio climático.
El informe apunta también a un "selecto grupo de cabecillas" conformado por otras doce personas más de la organización que igualmente habrían desviado fondos de esta manera para su "enriquecimiento personal".
Futuro Vegetal no ha respondido a la petición de información de EFE al respecto pero ha convocado mañana a la prensa junto al Congreso de los Diputados. EFE
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