Barcelona, 8 oct. (EFECOM).- El informe 'Los otros catalanes y catalanas del siglo XXI', que ha presentado este martes CCOO de Cataluña, denuncia que alrededor de 161.000 trabajadores extranjeros extracomunitarios no estarían cotizando a la Seguridad Social.
Esta es una de las principales conclusiones del análisis, elaborado por la Fundación Cipriano García, y que ha tomado como base los datos del cuarto trimestre de 2023 de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de las afiliaciones a la Seguridad Social.
En concreto, el informe toma como referencia que en ese período de 2023 había 613.200 personas ocupadas de nacionalidad extranjera y fuera de la Unión Europea, pero la media de afiliados a la Seguridad Social de dicho colectivo era en esos mismos meses de 452.159.
Según esta investigación, la mayoría de esos trabajadores extracomunitarios afectados se concentraría en los sectores con mayor población de fuera de la UE, principalmente la construcción, hostelería, cuidados del hogar, actividades administrativas, sanidad y servicios sociales.
Aunque CCOO deja claro que son cifras "aproximadas", muestra su preocupación por lo significativo para dar cuenta del fenómeno de la economía sumergida y el empleo irregular en Cataluña.
El sindicato quiere llamar la atención en ese sentido sobre las trabas para que los inmigrantes puedan renovar los permisos de trabajo.
Recuerda asimismo que si hasta finales de 2018 se observaba una caída sostenida en la llamada tasa de irregularidad, a partir de 2019 resurge una tendencia ascendente "con una escalada muy importante desde 2021 y hasta 2023".
CCOO estima en ese período que "la tasa de irregularidad en el empleo en el 22,55 %".
El director de la fundación Cipriano García, Marc Andreu, afirma en las conclusiones del estudio que es "urgente" modificar la ley de Extranjería para agilizar y facilitar los procesos de regularización administrativa y de renovación de los permisos de trabajo.
Una de las autoras, la socióloga Mariña Couceiro, ha explicado asimismo a EFE que el hecho de que la vía más utilizada por este colectivo para obtener la autorización de residencia sea la del arraigo social, que establece un mínimo de tres años de permanencia en España, les aboca a la explotación laboral.
Igualmente, ha añadido, la falta de medios de la Administración provoca lentitud en la tramitación de autorizaciones, lo que condena a muchos inmigrantes a prolongar su subsistencia sin papeles.
"La apuesta por la modificación del marco legal español debería ser consecuencia de la asunción plena de que la inmigración es una necesidad estructural de la economía; estas personas responden a unas necesidades laborales que no cubre la mano de obra autóctona", apunta el texto. EFECOM
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