Madrid, 7 oct (EFE).- El Partido Popular retirará este martes del orden del día del pleno del Senado el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que podría beneficiar a 44 presos etarras, con lo que ralentizará, aunque no impedirá, su aprobación.
Los populares, mayoritarios en el Cámara Alta, ganan así tiempo a la espera de que el Ejecutivo decida si mantiene el texto o, bien lo retira, como han exigido PP y Vox al ser la única forma de evitar que la reforma salga adelante tal como fue aprobada por unanimidad en el Congreso en lo que PP y Vox admiten que fue un error que ahora tratan de subsanar en el Senado.
Pero si el Gobierno no retira el proyecto, será aprobado irremediablemente antes o después.
Y es que, aunque no vaya mañana al pleno como estaba previsto, el proyecto deberá someterse de a votación en la Cámara Alta en una nueva sesión que habría que convocar para la próxima semana, ya que se tramita con carácter de urgencia y no cabría más demora.
No importa que la Cámara Alta se muestre mayoritariamente en contra en ese nuevo pleno. La reforma impulsada por el Gobierno saldrá adelante, porque, al no haber incluido enmiendas durante su paso por el Senado, su votación es testimonial y no quedará otra opción que su publicación en el BOE.
Ha sido la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) la que ha avisado este lunes de que si entra en vigor, la ley permitirá a 44 presos etarras salir antes de prisión, de los cuales siete estarían en libertad en unos meses.
Esto se debe la introducción en la Comisión de Justicia del Congreso de una enmienda de Sumar por la que se suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.
En rueda de prensa, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha denunciado la "jugarreta" del Gobierno, y ha avanzado que su formación hará todo lo que esté en sus manos desde el punto de vista político y jurídico.
"Para nosotros es un tema crítico, no va a quedar así", ha sentenciado antes de explicar que los populares votarán mañana en contra en el Senado, lo que quedará reflejado en el acta de la sesión, pero no impedirá la aprobación de la ley.
El PP tiene mayoría absoluta en esa cámara, pero su reacción es tardía, dado que, al igual que Vox, no solo votó a favor del texto en el Congreso, sino que no presentó enmiendas en el Senado.
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que tanto PP como Vox han apoyado la reforma de la ley y ha destacado que su tramitación parlamentaria ha sido "absolutamente pacífica".
Mientras, el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha manifestado, en defensa de la enmienda que su grupo promovió, que la ley corrige una discriminación de los presos y no conmuta penas.
"Aquí lo único que ocurre es que la derecha, el PP y Vox, no sabe qué hacer para continuar su ofensiva contra la reforma de la Ley de seguridad ciudadana y vuelven a recurrir a lo de siempre, al fantasma del terrorismo en el País Vasco, que hace más de una década que dejó de existir", ha remarcado.
Por su parte, el presidente de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Portero, ha cargado contra este partido y Vox por avalar en el Congreso la reforma legal que permitirá a presos de ETA salir antes de prisión. "No tiene disculpa, nadie les ha engañado".
"El proceso ha sido totalmente transparente desde el principio. Ambos partidos deberían haber presentado votos particulares para el debate en el pleno y exigir la vuelta al texto anterior a la enmienda de Sumar que exigía la derogación de la disposición adicional única de la ley", ha recordado Portero en declaraciones a EFE.
En febrero de 2022, la AVT presentó un dossier de los entonces 48 etarras que podrían verse beneficiados de un eventual cambio legal.
Dos años y medio después, cuatro han salido en libertad tras cumplir íntegramente su pena, pero otros 44 que han estado encarcelados en Francia verán acortada su estancia en prisión con la nueva ley, además de que podrían acceder al tercer grado y a la libertad condicional antes.
Para siete de ellos la aplicación de una nueva norma supondría la excarcelación inmediata pues el cumplimiento total de su pena está cerca de liquidarse. Con el descuento del tiempo que han estado encarcelados en el país vecino, deberían estar ya fuera de una prisión.
Según el informe de la AVT, pueden alcanzar la libertad próximamente con este cambio legal Xabier García Gaztelu, Txapote, condenado por decenas de asesinatos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica, Fernando Buesa o José Luis López de la Calle.
Su fecha prevista está fijada en febrero de 2031, si bien con el cambio normativo y tras más de seis años encarcelado en Francia, en 2025 podría salir de prisión. Un año más tarde también lo haría su pareja Irantzu Gallastegui, Amaia, condenada por varios crímenes.
También en libertad podría estar el próximo año el exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, que cumplió en prisiones francesas una condena de casi ocho años, que se descontarían de su fecha prevista de cumplimiento en 2032, según el recuento de la asociación. EFE