Canarias requiere al Estado 157 millones por la atención "en solitario" de los menores migrantes

El viceconsejero de Presidencia y portavoz de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento al Estado para que asuma el coste que se está produciendo en la CCAA por la atención ha tenido que llevar a cabo "en solitario" de los menores migrantes no acompañados, un gasto que ha cifrado en 157,1 millones de euros. Así lo ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo regional, donde agregó que Canarias necesita que el Gobierno central "cumpla" con el archipiélago. "Que cumpla --continuó-- con los menores que están tutelados ahora mismo en la Comunidad Autónoma y que nos dé una respuesta a esta solicitud y a este requerimiento". Aquí, recordó que ya el 23 de agosto, durante la reunión del presidente canario, Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el propio mandatario estatal el que estableció la posibilidad de adoptar un acuerdo para realizar una aportación económica con esta finalidad. "Para esta aportación económica --señaló el portavoz-- no hace falta llegar a un consenso con otros partidos políticos y entendemos que se podría adoptar una decisión con carácter urgente como en el que nos encontramos". Cabello apuntó en este sentido que, además de estos 157,1 millones de euros, hay otros gastos que se están terminando de calcular como el que está relacionado con los gastos sanitarios y de educación. REQUERIMIENTO POR UN EXCESO DE ACOGIDA En concreto, el requerimiento, propuesto por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud Infancia y Familias, Candelaria Delgado, insta al Gobierno a asumir el coste del exceso de acogida y protección de estos menores que viene soportando Canarias. De igual modo, en el escrito se señala que el citado requerimiento se dirige al Consejo de Ministros porque "corresponde al Estado cumplir el mandato del artículo 138 de la Constitución Española de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad territorial consagrado en el artículo 2 de la Constitución". En esta línea, el texto recoge que "existe un deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 138 la Constitución Española (CE), atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, como es el actual caso de Canarias". "La garantía del principio de solidaridad en materia de flujos migratorios --continúa el requerimiento-- tiene dos aspectos de equidistribución de cargas y responsabilidades: el primer aspecto consiste en la garantía de que se comparte la prestación de acogida y protección de los menores entre todos los territorios del Estado que tienen iguales competencias en esta materia; y el segundo, la garantía económica del Estado para sostener el coste de esta solidaridad, para evitar los desequilibrios económicos territoriales". En este sentido, a juicio del Ejecutivo regional, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones, razón que ha motivado este requerimiento y las reiteradas solicitudes de que se modifique la Ley de Extranjería. El documento recuerda también que desde el pasado 1 de agosto de 2023, el Gobierno de Canarias acordó declarar la situación de emergencia migratoria ante la llegada de inmigrantes a las islas, lo que ha derivado la adopción de una amplia batería de medidas excepcionales para hacer frente a esa realidad y, de modo especial, a las necesidades de los migrantes menores no acompañados. No obstante, desde octubre del pasado año, la llegada de menores no acompañados se ha ido incrementando de forma constante, "desbordando la capacidad de gestión de los recursos y dispositivos para atenderlos". Finalmente, el Gobierno de Canarias ha reiterado su plena disposición para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la acción de todos los poderes públicos.