El Gobierno ha asegurado que el contrato adjudicado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a Innova Next --una de las empresas de Juan Carlos Barrabés, investigado en el 'caso Begoña Gómez'-- por 4.605.396,89 euros siguió el "procedimiento administrativo habitual". Así responde el Ejecutivo a una serie de preguntas formuladas el pasado mayo por el grupo parlamentario del PP a cuenta del registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el día 28 de ese mes en el CSD "para intentar recabar documentación sobre posibles expedientes de contratación otorgados al empresario". En su respuesta del pasado 2 de septiembre, recogida por Europa Press, el Gobierno aclara que "el 21 de mayo la UCO de la Guardia Civil requirió información y documentación a varias instituciones, entre ellas el Consejo Superior de Deportes". "En el caso del CSD se trataba de un único expediente de contratación del año 2022 y el organismo facilitó toda la información con transparencia y diligencia, ofreciendo la máxima colaboración", afirma. En concreto, refiere que "el CSD adjudicó un contrato a Innova Next por importe de 4.605.396,89 euros: Contrato administrativo de Lote 1 'Servicios consistentes en el diseño e implementación del modelo de innovación y transformación digital en el deporte en España'". Sobre esto explica que "el 16 de junio del año 2021 se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyo componente 26 es el 'Fomento del Sector Deporte'". "Entre las medidas del mismo había una destinada a la digitalización del sector deporte, con una asignación económica de 75,6 millones de euros" que "se está ejecutando mediante una distribución a comunidades autónomas a través de conferencias sectoriales, convocatorias de ayudas para federaciones deportivas y para centros de investigación, y mediante contratos públicos del CSD", indica. El Ejecutivo precisa que uno de esos contratos era el destinado al "diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte", asegurando que "dicho contrato siguió todo el procedimiento administrativo habitual de un contrato abierto". "CAPACIDAD Y SOLVENCIA" Detalla que hubo una "memoria de la unidad técnica correspondiente en abril 2022, informes de órganos externos (Secretaría General de Administración Digital, Secretaría General de Fondos Europeos, Abogacía del Estado) en mayo 2022, así como de la Intervención General del Estado a través de la Intervención Delegada en el CSD". "Una vez recabados los informes correspondientes relativos a los pliegos técnicos y administrativos, se procedió a su publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, así como en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea, a finales del mes de mayo", añade. Y, "una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación por las empresas licitadoras, el expediente de contratación pasó a la Mesa de Contratación, órgano cuya composición está determinada por la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Presidencia del CSD", continúa. Por último, expone que "la mesa de contratación, una vez finalizada la valoración y comprobando el resto de requisitos legales relativos a la capacidad y solvencia de la empresa con mejor valoración, propuso al órgano contratante la adjudicación del contrato a dicha empresa".