Las delgadas líneas rojas de la financiación de los partidos

Fernando Labrador

Madrid, 5 oct (EFE).- La financiación de los partidos políticos está delimitada en la ley por delgadas líneas rojas que no podrían cruzar. Los casos recientes de Vox y "Alvise" serán escrutados en ese sentido, para ver si el partido contrajo un crédito con un banco controlado por un gobierno extranjero y si el eurodiputado aceptó una donación superior al máximo permitido.

Son dos líneas rojas trazadas en la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos: la que se pudo haber saltado Vox en el artículo 7.2, que prohíbe que el dinero les llegue de empresas públicas extranjeras o relacionadas directa o indirectamente con gobiernos foráneos, y la del eurodiputado Luis "Alvise" Pérez en el artículo 5.1.b, que no permite donaciones procedentes de una misma persona por más de 50.000 euros anuales.

Los dos casos han salido a la luz justo cuando el Gobierno acaba de presentar su Plan de Acción por la Democracia, con medidas que tratará de convertir en ley y que, en esta materia, centran su objetivo en otra diferente línea roja: reforzar las sanciones a los partidos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.

Vox ha admitido que financió las campañas electorales del año pasado con dos créditos que sumaban más de 9 millones de euros concedidos por el banco húngaro Magyar Bankholding (MBH), uno de 2,6 millones para las municipales de mayo y otro de 6,5 para las generales de julio.

El mayor accionista de MBH es el fondo inversor Corvinus, con el 30,35 % del capital social, según ha comprobado EFE en las cuentas del banco de 2023.

En su web, Corvinus se define como "la única institución financiera de fomento en Hungría de propiedad estatal".

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, lidera la alianza Patriotas por Europa, en cuyo grupo del Europarlamento ha ingresado el partido español presidido por Santiago Abascal.

Fuentes de Vox han justificado esos créditos en que los bancos españoles no les ofrecen préstamos fácilmente como al PP y el PSOE, pese a ser el tercer mayor partido.

La mención a MBH fue omitida por Vox en las cuentas anuales publicadas en su web, pero el partido ha asegurado que el Tribunal de Cuentas tiene toda la información.

Si bien en su informe anual MBH especifica que ningún grupo accionista ejerce el control en la entidad bancaria, el hecho de que Corvinus sea el principal tenedor de acciones pone a Vox pisando la línea roja de la financiación ilegal, en especial porque la ley impide incluso una relación indirecta con el gobierno extranjero.

El sevillano Luis Pérez, que emplea el nombre italiano "Alvise" como pseudónimo desde años antes de liderar la formación antisistema Se Acabó la Fiesta, ha admitido que recibió en mano, en metálico y sin factura 100.000 euros de Álvaro Romillo, alias "CrytoSpain", fundador de Madeira Invest, un club de inversión en criptomonedas.

En el vídeo en el que lo reconoce, "Alvise" pone el foco en que fuera "sin factura", porque está en contra de la "mafia" de Hacienda, y dice que era "para tener ahorros" en general.

Con ese enfoque, al parecer, ya da por hecha la sanción tributaria, pero intenta salvar los muebles de la financiación ilegal de su formación política.

En estos casos es clave que la donación fuese finalista, con un objeto concreto, y Romillo ha informado a la Fiscalía de que ese dinero se lo daba a cambio de que hiciera promoción de Madeira Invest.

De cualquier forma, la cuantía dobla el límite de 50.000 euros permitido, lo que dejaría a "Alvise" en claro fuera de juego, a expensas de que el Tribunal de Cuentas, juez de las líneas rojas, levante el banderín.

Un aspecto clave sería el destino dado al dinero recibido, tanto si es prestado como donado, ya que si se hubiera limitado a gastos concretos de la campaña podría aducir Vox la infracción de la ley electoral, pero no la de financiación de partidos, ya que solo a esta atañe el delito concreto que se tipificó en 2015.

Respecto al dinero recibido por "Alvise", el quid sería si se destinó a financiar Se Acabó la Fiesta, toda vez que se demostrara que supera la cantidad establecida y tenía carácter finalista.

Según el Código Penal, la sanción podría alcanzar hasta el quíntuplo de la donación (medio millón de euros) y hasta cuatro años de prisión. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22251824, 22305048 y otros)