¿Esta vez sí? La ley mordaza encarrilla otro intento de reforma antes de cumplir 10 años

Laura Camacho

Madrid, 5 oct (EFE).- El 1 de julio de 2025 la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, cumplirá 10 años, vividos casi todos con mayorías parlamentarias de izquierdas que prometieron, y no han conseguido, acabar con ella. Parece que a la tercera puede ser la vencida, aunque en el camino se vislumbran de nuevo obstáculos y resistencias.

El acuerdo alcanzado esta semana entre el Gobierno con EH Bildu encarrila la reforma, ya que a priori se salvan los escollos que hicieron fracasar el anterior intento, pues la formación abertzale junto con ERC tumbaron la modificación de la ley en marzo de 2023.

Ambos partidos han mantenido la misma posición respecto a la norma y siempre han condicionado sus votos a introducir notables cambios en los cuatro artículos más sensibles: material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional).

Todos están en el acuerdo que incorpora también la proposición registrada por Sumar en mayo que, a su vez, recuperaba todos los pactos de la pasada legislatura con modificaciones en 36 de los 54 artículos, para derogar "de facto" la ley vigente desde 2015.

Hace año y medio estos acuerdos suponían un consenso en el 95 % del texto entre los favorables a la modificación de la ley -PSOE, Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts-, pero fue ese 5 % restante el que descarriló la reforma.

El texto pactado entre PSOE, Sumar y EH Bildu y al que se han sumado PNV, ERC y BNG incorpora cambios en aquellos cuatro artículos, incluyendo el más polémico, el que prevé una eliminación progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios para ser sustituidos por otros medios menos lesivos.

Fuentes parlamentarias recuerdan a EFE que de esta disposición adicional ya se habló en las anteriores negociaciones y fue insuficiente para ERC.

En cualquier caso, las balas de goma serán previsiblemente las que más quebraderos de cabeza den en la tramitación parlamentaria, pues a las encendidas críticas de los sindicatos de las fuerzas de seguridad se podrían unir las resistencias que nunca han ocultado en el Ministerio del Interior al entender que el material antidisturbios es línea roja en las negociaciones.

La disposición pactada no establece plazos sobre esta supresión, aunque el acuerdo incluye, según expresaron ayer los diputados de Bildu Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu, que el Ejecutivo presente un calendario para acabar con las pelotas de goma.

Los otros tres obstáculos que se incluyen en el acuerdo parecen más fáciles de esquivar, pues también el año pasado las diferencias mantenidas entre los grupos se habían logrado suavizar y, de hecho, las propuestas del actual acuerdo van en sintonía con las enmiendas que estuvieron sobre la mesa de las reuniones de los seis partidos favorables a la reforma: PSOE, Podemos, EH Bildu, ERC, PNV y Junts.

De esta forma, la propuesta de PSOE, Sumar y EH Bildu rebaja de infracción grave a leve las faltas de respeto a la autoridad; también será infracción leve la desobediencia a las fuerzas de seguridad, cuando sea "manifiesta, clara y objetivable" la resistencia a la autoridad utilizando oposición corporal o la negativa manifiesta y clara a identificarse.

Respecto a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015, el texto presentado fija que seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería.

Una vez registrada la proposición de ley, el contador se pone a cero de nuevo, según explican a EFE fuentes parlamentarias.

Así, la iniciativa irá a pleno para su toma en consideración, habrá posterior debate de enmienda a la totalidad si lo hubiera -las fuentes aseguran que la habrá por parte del PP o de VOX como en anteriores ocasiones-, para continuar su tramitación en comisión, volver al pleno del Congreso y ser remitida al Senado. Por ultimo, de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva.

Las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que los trabajos de reforma serán más ágiles, pero está por ver el número de enmiendas que presenten algunos de los grupos favorables a la reforma como Junts, PNV o Podemos, que ya han anunciado que no está todo cerrado y hay que mejorar el texto.

Sus votos, recuerdan las fuentes, son necesarios para sacar adelante el proyecto, sobre el que EH Bildu se muestra "muy optimista", pues creen que la reforma está avanzada y, por eso, confían que antes de que acabe el año una nueva ley de seguridad ciudadana podría ser realidad.

Fuentes socialistas discrepan, se muestran más cautas y consideran que "no va a ser tan rápido". EFE

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