Oenegés piden que la nueva ley mordaza acabe de verdad con las devoluciones en caliente

(Actualiza NA5067 con declaraciones de Amnistía Internacional y el Servicio Jesuita a Migrantes)

Madrid, 4 oct (EFE).- Las entidades sociales CEAR, Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita a Migrantes y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía han pedido que el acuerdo anunciado para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, de verdad suponga el fin de las devoluciones en caliente.

Las entidades han valorado así, en declaraciones a EFE, el acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu anunciado ayer que, entre otras cosas, contempla una modificación de la ley de extranjería en lo relativo a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.

Esta estableció que los ciudadanos extranjeros que sean detectados intentando cruzar irregularmente la frontera de Ceuta o Melilla podrán ser rechazados "a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Según el texto propuesto ahora, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana, se abordará la reforma de la ley de extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade el texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Sobre este aspecto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su deseo de que este cambio normativo suponga el fin real de estas prácticas que, recuerda, llevan denunciando "años" porque "vulneran el acceso a la protección internacional y el principio de no devolución" y los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos y derecho de asilo.

"Es obligación de las autoridades españolas evaluar de manera individual las necesidades de protección de las personas que cruzan nuestras fronteras dándoles acceso al derecho a solicitar asilo y a todas las garantías establecidas en la legislación española, europea e internacional y estas devoluciones sumarias lo impiden", explica.

Por su parte, la portavoz de Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha opinado que el acuerdo, dado a conocer ayer, se compromete a estudiar este aspecto de las devoluciones en caliente pero no concreta "qué garantías" se van a dar.

Ha cuestionado que la propuesta solo se refiera a los solicitantes de asilo cuando el derecho a tener las debidas garantías -como acceder a un abogado y una tutela judicial efectiva para, por ejemplo, recurrir la orden de retorno- corresponde a todos los migrantes, no solo a los que busquen protección internacional.

Para Amnistía Internacional, la mejor fórmula en este sentido sería retirar la disposición adicional que establece un régimen especial para Ceuta y Melilla o, en su defecto, que esta incluya "salvaguardas efectivas" para impedir que se vulneren los derechos de estas personas y el derecho internacional.

El responsable jurídico del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Javier Moreno, ha defendido la necesidad de establecer "reglas claras y respetuosas con los derechos humanos" sobre esta figura, que en ocasiones es usada en supuestos en los que no está previsto por ley, precisamente por las falta de garantías.

"La cultura de la devolución viene precisamente por una normativa que ha sido poco clara y que ha permitido en la práctica que se devuelva y que no se analice de manera individualizada y con el debido respeto a posibles solicitantes de protección internacional", ha denunciado.

Para el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, "sería una buena medida que, mediante modificación de la ley de extranjería, se ponga fin definitivamente a esa práctica ilegal".

Sin embargo, ha matizado que "los términos que se han pactado son demasiado amplios": "teniendo en cuenta cómo ha sido el proceder de este Gobierno y de su ministro del Interior, (Fernando) Grande -Marlaska, nos quedan dudas respecto a si finalmente este acuerdo se va a implementar y en qué términos se haría", ha concluido. EFE