Un estudio sitúa en 4.500 millones el coste de la violencia sexual contra la infancia

Madrid, 2 oct (EFE).- La violencia sexual contra la infancia y sus consecuencias tienen unos costes anuales mínimos de 4.500 millones de euros en España, lo que supone un 0,31 % del PIB, según un estudio elaborado por Educo y la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

El informe '¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia', hecho público este miércoles, contabiliza el impacto económico que las agresiones sexuales tienen tanto en las víctimas como en la sociedad.

El objetivo de este estudio es cuantificar el coste económico que esta violencia genera en el ámbito social, educativo, judicial y sanitario a las arcas públicas, así como estimar cuál es el daño inmaterial que una persona acarrea a lo largo de su vida en cuestiones como la pérdida de oportunidades o el coste emocional, unos daños que podrían haberse prevenido o mitigado si se hubieran detectado a tiempo

La investigación señala que el 17,29 % de la población ha sufrido violencia sexual en la infancia, uno de cada seis menores, y que en 2023 se denunciaron 9.185 casos mientras que se estima que hubo otros 77.407 casos invisibilizados.

El informe establece dos grandes categorías de costes: por un lado, cuantifica que son 1.275,6 los millones de euros los "gastos incurridos", que incluyen el dinero asociado a los casos detectados y también a determinados costes de los no denunciados a partir de la prevalencia total.

Se evalúan los costes sanitarios (808 millones en atención psicológica y psiquiátrica, enfermedades crónicas derivadas, adicciones, urgencias...), los educativos (63 millones), los sociales (casi 312 millones, relativos a la protección del menor) y los judiciales (más de 92 millones en justicia, servicios penitenciarios, responsabilidad civil).

No se cuantifican, sin embargo, algunos costes como las necesidades educativas especiales, el bajo rendimiento o el absentismo y el fracaso escolar; tampoco costes indirectos como el desempleo juvenil o la reinserción social ni el coste del trabajo de las fuerzas de seguridad.

Por ello, el equipo investigador subraya que se ha elaborado una aproximación conservadora y que las cifras planteadas son mínimas.

Más allá de los más de 1.275 millones de euros de costes incurridos, la investigación ha puesto valor económico a "daños de difícil monetización como la pérdida de la productividad, la destrucción de la riqueza o los daños emocionales de la víctima y su familia", que sitúa en 3.178,2 millones de euros.

"Además de las consecuencias económicas, la violencia sexual provoca pérdidas que no tienen traducción económica. Destruye oportunidades, limita la participación social, afecta la cualificación profesional y genera un profundo sufrimiento tanto en las víctimas como en sus familias. Estos impactos, aunque difíciles de cuantificar en términos monetarios, representan un costo social significativo para el país a largo plazo", advierte el informe.

El estudio denuncia que España sigue encorsetada en "unas estructuras sociales que impiden que los casos se denuncien y salgan a la luz": "Si bien una estimación a la baja indica que uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual durante sus primeros 18 años de vida, sabemos que solo un pequeño porcentaje acabará denunciando", resalta.

La directora de investigación e incidencia de Educo, Macarena Céspedes, ha aseverado que el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia "más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía".

El año pasado, el Ministerio de Igualdad publicó un estudio sobre el coste económico de la violencia de género y la violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, que en 2022 se situó en 4.933 millones de euros, lo que supone el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita.

Estos datos estimaban los costes tangibles que provocan las agresiones machistas en los ámbitos laboral y productivo, sanitario, legal-policial y de atención y acogida de las víctimas. EFE