El juez rechaza pedir las actas del Consejo de Ministros porque convertiría el 'caso Koldo' en una "causa general"

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' ha descartado la petición de Vox de solicitar a la Presidencia del Gobierno que aporte las actas de los Consejos de Ministros celebrados en 2020 en las que se contengan referencias a las contrataciones realizadas por la pandemia de COVID-19 porque esto, según el magistrado, "convertiría el procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario". En un auto de este mismo martes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 rechaza las pretensiones de los de Santiago Abascal, que también habían solicitado las actas del Comité de Evaluación y Seguimiento de la COVID-19, y las actas del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la salud pública producida por el coronavirus. Por otro lado, el juez descarta la imputación de Daniel Belmar, exalto cargo del Ministerio del Interior que ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. El magistrado Ismael Moreno descarta cambiar de testigo a investigado la condición de Belmar así como la apertura de una línea de investigación separada y secreta "para la práctica de diligencia de entrada y registro en su domicilio e incautación de sus terminales telefónicos". El juez explica que "no procede el cambio de situación procesal toda vez que las meras contradicciones entre lo declarado en sede judicial y lo declarado en sede policial no son fundamento bastante para el cambio de su situación". Por otro lado, el instructor indica que no procede requerir a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial a fin de que remitan el expediente completo de adjudicación de un contrato a Soluciones de Gestión -la empresa clave de la trama_toda vez que ya se ha solicitado el mismo por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que el juez investiga en esta causa a la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.