Madrid, 1 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge considera que hay indicios suficientes para continuar adelante la causa abierta contra un empresario español investigado por una supuesta trama de tráfico ilegal de "diamantes de sangre" en Sierra Leona entre 1997 y 2002.
En contra del criterio de la Sala de lo Penal, que estimó que los hechos estarían en su caso prescritos, el magistrado De Jorge afirma en un nuevo auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, que "las responsabilidades penales no estarían prescritas" porque no han transcurrido 20 años entre el momento de los hechos y la presentación de la querella, en 2021.
Y, por ello, el magistrado ha acordado transformar en sumario las diligencias abiertas por presuntos delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
El juez De Jorge explica en su resolución que los hechos investigados se habrían cometido "en el curso de la guerra civil ocurrida en Sierra Leona entre 1997 y 2002", aunque ve también motivos "para pensar que la comercialización de diamantes procedentes de trabajo esclavo de civiles podría haberse continuado también en 2003".
Esta investigación fue archivada en un primer momento en julio de 2020, si bien al año siguiente una "víctima directa de los hechos expuestos" interpuso una nueva querella y aportó una serie de documentación.
En dicha querella denunciaba "la compraventa de diamantes procedentes de las minas de Sierra Leona por parte de las sociedades europeas interviniendo" un empresario de nacionalidad española, Manuel T., y pedía investigar la presunta comisión de un delito de lesa humanidad y de pertenencia a organización criminal.
El pasado mes de julio el juez envió a este empresario a prisión provisional, si bien unos días después la sección cuarta de la Sala de lo Penal le ordenó ponerlo en libertad, al considerar que los hechos podrían estar prescritos.
En el auto donde acordaba prisión para él, el juez expuso los "indicios" de que entre 1997 y 2002, durante la guerra civil en Sierra Leona, este investigado "se lucró con la venta de diamantes que le eran entregados por miembros del bando rebelde, el Frente Revolucionario Unido (FRU)".
"Los diamantes procedían de minas del distrito de Kono, donde eran extraídos por trabajadores, forzados a trabajar en las minas por el FRU en régimen de esclavitud. Tales trabajadores incluían gran número de civiles secuestrados por el FRU para trabajar en las minas", añadía.
La causa se abrió al admitirse una querella de una persona que denunció que fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en dichas minas.EFE
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