Juzgan al exdirector de la Faffe por crearle un puesto 'ad hoc' a un exalcalde sevillano

Sevilla, 22 sep (EFE).- La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este próximo jueves el juicio por prevaricación y malversación derivado de una pieza separada del caso "Faffe", que sentará en el banquillo de los acusados al que fuera director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo Fernando Villén, condenado hace ahora justo un año por pagos en prostíbulos.

Este exalto cargo se enfrenta a una petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción de cuatro años de prisión por un delito de malversación y diez de inhabilitación especial para empleo o cargo público por otro de prevaricación, según recoge el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso EFE.

En este juicio, cuyo inicio está fijado para este jueves 26 de septiembre en la Sección Tercera y que luego prevé continuar en octubre, también está acusado como cooperador necesario el exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres, para quien el fiscal pide dos años y medio de cárcel por malversación y cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción relata en su escrito que Fernando Villén, como director general técnico de la fundación Faffe, tenía facultades para contratar y despedir empleados, en las condiciones establecidas en la legislación y convenios colectivos vigentes.

Por su parte, Antonio Torres había sido alcalde de la localidad sevillana de Lebrija desde las primeras elecciones democráticas por el PSOE y, tras los comicios de 2003, perdió este puesto después de 24 años, lo que "desencadenó su contratación en la fundación".

Torres acudió directamente a Villén pidiendo trabajo y este último accedió con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones para la Faffe, según la Fiscalía, que considera esta labor innecesaria pues la fundación ya era financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público.

'No desempeñaba trabajo alguno'

Además, no consta que Torres, quien exigió que desde el primer momento se le hiciera fijo -a lo accedió igualmente el acusado- e impuso sus condiciones salariales, se encargara "en ningún momento" de este aspecto financiero.

Como el organigrama administrativo de la fundación no contemplaba puesto para Torres, el acusado creó uno "ad hoc", "que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas".

La acusación pública señala que dicho departamento es "inexistente", no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho el acusado no acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno.

A pesar de ello, se hizo con una tarjeta de visita o presentación en la que constan sus datos personales y el nombre, cargo y anagrama de la fundación, con el logotipo de la Junta de Andalucía, y no tenía más dependencia jerárquica y funcional que la de Villén.

Además, Torres nunca se integró en el comité directivo, no acudió a ninguna de sus sesiones, no asistía a trabajar a la sede de la fundación, hasta el punto de que era "desconocido" por otros trabajadores y directivos.

El acusado fue finalmente contratado, suscribiendo Villén personalmente el contrato el 13 de julio de 2003, con una retribución anual de 46.750 euros como gestor de recursos municipales con categoría de mando.

"Los escasos trabajos, reducidos a contactar con algún político o autoridad en diez años que desempeñó las funciones -hasta que el personal de la Faffe fue integrado en el SAE y sus relaciones jurídicas se subrogaran en las mismas-, los hizo siempre desde su domicilio y con medios propios, ordenador y cuenta de correo genérica y gratuita, tipo hotmail o gmail", relata la Fiscalía.

A pesar de ello, desde la fecha de contratación hasta la extinción del Faffe y una vez incorporado al Servició Andaluz de Empleo percibió un total 491.203 euros. EFE

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