El Tribunal de Cuentas presenta a las Cortes su último informe sobre los partidos, que vio infracciones en Vox

La presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, presentará el próximo martes en el Congreso el último informe de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, correspondiente al ejercicio 2020, en el que señaló infracciones en donaciones de Vox, situaba a Izquierda Unida en 'números rojos' y denunció la falta de protocolos internos en los partidos para 'prevenir la corrupción, entre otras cuestiones. El informe, recogido por Europa Press, fue aprobado por la inistitución el pasado mes de junio y, entre otras cosas, señala a Vox por haber aceptado más de 100.000 euros en aportaciones sin identificar al donante, cuando las donaciones anónimas están prohibidas, y por recibir dinero de cuotas o aportaciones en efectivo, lo que también es cuestionable porque la financiación privada debe canalizarse en cuentas bancarias para asegurar su fiscalización. También detectó infracciones sancionables en otrops partidos, pero en mucha menor medida. Así, apunta a son En Comú (socio catalán de Sumar) y Sortu (miembro de Bildu), a les que reprocha haber aceptado donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante, por importes de 279,04 y 936 euros, respectivamente, lo que está prohibido porque impide comprobar si se cumplen los requisitos legales; y al PDeCAT (formación liderada en su día por Artur Mas y ahora en vías de desaparición) se le señala por recibir donaciones finalistas, en su caso por valor de 9.100 euros. VARIAS INFRACCIONES LEVES El examen del Tribunal permitió descubrir otras irregularidades, como que las formaciones Catalunya y Barcelona En Comú, así como Ciudadanos, incumplieron el artículo de la Ley de Financiación de Partidos que obliga a remitir los contratos que le exigía el Tribunal de Cuentas, lo que se considera infracción leve por faltas al deber de colaboración. Además, aunque las 25 formaciones analizadas publicaron sus cuentas en su web, dos de ellas (Compromis y Más Madrid) no hicieron constar la información sobre créditos y donaciones superiores a 25.000 euros y cinco no colgaron el último informe del Tribunal de Cuentas, pese a estar obligadas. Igualmente, el PSOE, Izquierda Unida, Bildu y el PNV no integraron en sus cuentas la contabilidad de parte de la actividad de sus organizaciones locales. Además, IU, la CUP y Nueva canarias han obtenido una nota negativa porque sus cuentas anuales presentaban demasiadas carencias y no reflejaban adecuadamente su situación financiera y patrimonial. LOS PARLAMENTOS Y EL ESTADO, PRINCIPALES FINANCIADORES En términos generales, según recoge el informe de fiscalización, los partidos políticos ingresaron en 2020 un total de 245 millones de euros, de los cuales 179 millones de euros (73%) provinieron de la financiación pública y los restantes 66 millones de la financiación privada (27%). De esa financiación pública, la principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales institucionales (58%), seguidas de las subvenciones estatales (31%) para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad. Mientras que en lo referente a la financiación privada, la mayoría procede de las aportaciones de cargos públicos, que representaron el 44%, y de las cuotas de afiliación el 42%. A pesar de esta financiación, ese mismo año, la deuda conjunta de las 25 formaciones parlamentarias analizada ascendía a 85,01 millones de euros, una cifra que representa el 20% de su balance. LAS DEUDAS DE LOS PARTIDOS La mayor parte de esa deuda, según el informe, son los créditos con entidades de crédito, que al cierre de 2020 ascendían a 79,24 millones de euros. El resto, las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 5,77 millones de euros. Si se analiza por formaciones, en el año de la pandemia, las formaciones con mayores niveles de deuda eran el PSOE, (29,56 millones, un 23% de su balance), el Partido Popular (22,92 millones, un 27%), y destaca también el caso de Izquierda Unida, con 13,29 millones, cuya deuda supone un 78% de sus recursos. De hecho, a 31 de diciembre de 2020 Izquierda Unida presentaba un patrimonio neto negativo. Según la formación, esos 'números rojos' se cifraban en 146.377,51 euros, pero el Tribunal de Cuentas entiende que esa cuantía está infravalorada en 962.578,99 euros y que en realidad el patrimonio neto negativo de IU supera el millón de euros, concretamente 1.108.956,50 euros. Sobre este punto de las formaciones políticas con saldo negativo, el fiscalizador aconseja que aquellas que repitan 'números rojos' dos o más años "deberían ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos". Todo ello para evitar que, tras una pérdida de representación institucional, la elevada deuda financiera pueda llevar a un partido a la insolvencia y a la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores. SIN SISTEMAS DE CONTROL A LA CORRUPCIÓN Por último, otra de las cosas que refleja el informe del Tribunal de Cuentas relativo al año 2020 es que más de la mitad de las formaciones políticas, al menos en aquel momento, carecían de un sistema de prevención de riesgos penales a pesar de que todos los partidos están obligados a contar con un programa de medidas anticorrupción desde la reforma de la Ley de Partidos de 2015. De las 14 formaciones que no cumplían ninguno de los elementos esenciales --órgano de vigilancia, mapa de riesgos, canal ético, código de conducta y sistema disciplinario y revisión periódica--, durante la fiscalización y el periodo de alegaciones que abrió el Tribunal, fueron dando pasos en el cumplimiento de estos requisitos pero hubo siete partidos que siguieron sin hacer nada en esta materia: Bildu, Catalunya en Común, Soberanistes, la CUP, Foro, Más Madrid y Nueva Canarias. En cambio, a 31 de diciembre de 2020, el sistema de prevención estaba parcialmente aprobado y en fase de desarrollo en las otras 11 formaciones fiscalizadas, aunque ninguna de ellas tenía todos los requisitos activos y había muchas diferencias entre unas y otras, pues si bien algunas activaron los que les faltaban en el periodo de alegaciones otras no lo hicieron. Los partidos mejor situados en esta materia eran Ciudadanos, el PSC y ERC --con cinco requisitos cumplidos, aunque algunos con contenido mínimo-- y el PSOE, que tenía cuatro completos y aprovechó el periodo de alegaciones para aprobar su código de conducta y completar los cinco. No obstante, el tribunal señala en su informe, que aún cuando el 64% de los partidos políticos han previsto la función de vigilancia, sólo un 52% la han asignado a un órgano del partido con garantías de independencia ante posibles conflictos de intereses y un 44% han regulado su funcionamiento, una situación que le fiscalizador recomienda corregir.