España firma junto a otros 15 países la 'Declaración de las Islas Canarias' para fomentar la cooperación judicial

España ha firmado este viernes junto a otros 15 países la 'Declaración de las Islas Canarias 2024', un documento en el que se compromete a "desarrollar políticas comunes" para mejorar la calidad de la Justicia a través de la cooperación internacional entre jueces, fiscales, notarios y administraciones públicas. La firma ha tenido lugar en el marco del acto de clausura de la XIX Jornada Notarial Iberoamericana celebrado en Guía de Isora, Tenerife, en el que han estado presentes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Durante su intervención, Bolaños ha reconocido la "utilidad" de estas jornadas en las que "países con tradiciones jurídicas similares" y "problemas" y "desafíos" comunes pueden encontrar "soluciones de manera compartida". "Es la mayor conclusión que podemos sacar de este encuentro", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de desarrollar "herramientas comunes". "Solos como países ninguno de nosotros vamos a ser capaces de luchar contra el fenómeno criminal transfronterizo", ha agregado. Para el ministro, la declaración conjunta firmada este viernes "es buena prueba de cuál es el horizonte al que tenemos que caminar". El fiscal general del Estado, por su parte, ha aplaudido la existencia de espacios como las jornadas celebradas en Tenerife y ha defendido que la cooperación internacional a través de las fiscalías de Iberoamérica es "el instrumento más eficaz contra la criminalidad organizada". El texto rubricado por 16 países subraya la importancia de "desarrollar políticas comunes basadas en los principios de la cooperación, de la armonización y de la integración que fortalezcan las políticas nacionales y, sobre todo, mejoren la calidad de la Justicia y que inspiren la confianza de los ciudadanos". La declaración recoge también que "el fortalecimiento del multilateralismo es la forma más eficaz para coordinar las acciones definidas por los Estados", así como para compartir experiencias y encontrar soluciones adecuadas y eficaces. La redacción pone en valor a su vez las nuevas tecnologías que constituyen una "opción fundamental e inevitable para mejorar la calidad de la Justicia".