Fiscalía pide 6 años de cárcel a tres directivos por el "desastre ecológico" del río Besòs

(Actualiza la EX4123 con más información)

Barcelona, 19 sep. (EFE).- La Fiscalía pide una multa de casi 2,2 millones de euros para la empresa Ditecsa y seis años de cárcel para tres de sus directivos, a quienes acusa de provocar un "desastre ecológico" en el río Besòs en 2019, con un vertido de disolventes procedente de un incendio en la fábrica.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín acusa de un delito contra el medio ambiente y otro relativo a la protección de la flora y la fauna al director general de Ditecsa desde 2018 y a los responsables de producción y gestión de residuos de la planta.

El fiscal sostiene que el incendio en la planta, situada en Montornès del Vallès (Barcelona) y dedicada a recuperar disolventes usados, provocó vertidos "tóxicos y peligrosos" en el río Besòs que causaron la muerte del 99 % de los peces en unos días, debido a una gestión incorrecta de los residuos de la fábrica, que había sido sancionada en varias ocasiones por ese motivo.

Según el fiscal, los acusados eran conscientes de la "gestión ilícita" de los residuos tóxicos que generaba Ditecsa y, pese a las sanciones impuestas a la planta, aceptaron que se siguieran acumulando en lugares no autorizados y en cantidad "muy superior" a la permitida por la administración.

Los residuos líquidos que se gestionaban en la fábrica, añade el ministerio público, eran "muy abundantes, deficientemente almacenados y altamente inflamables, lo que suponía, como mínimo, un grave riesgo de afectación a la salud humana y el medio ambiente".

Además, los directivos eran conscientes de que la destilación de los disolventes usados implicaba un proceso en el que un único trabajador de la planta, sin supervisión y sin la formación debida, se dedicaba a vaciar los bidones de residuos, lo que en muchas ocasiones implicaba mezclar productos peligrosos no correctamente identificados, dado que carecían de la preceptiva etiqueta, mantiene el fiscal.

De acuerdo con el escrito de acusación, el 11 de diciembre de 2019 se originó una reacción provocada por la mezcla de residuos tóxicos que acabó incendiando los bidones de la fábrica, lo que provocó que casi toda la planta acabara en llamas, sin que la empresa activara ningún equipo o sistema de extinción.

Una parte importante de los residuos que contenían los bidones acabaron filtrándose al alcantarillado y alcanzaron la depuradora de Montornès del Vallès, en un vertido que según la Fiscalía provocó que el río Besòs recibiera "el negativo y nefasto impacto de la abundante acumulación" de esos productos tóxicos.

El vertido incontrolado, recuerda el ministerio público, duró varios días y provocó un "desastre ecológico de la mayor magnitud en el Besòs y su hábitat", lo que afectó de manera crónica al equilibrio del ecosistema.

"Por todo ello ha sido muy difícil y costosa la recuperación del estado ecológico del río", añade el fiscal.

A consecuencia del episodio de contaminación, durante los días posteriores al incendio murieron centenares de peces de especies diversas, entre ellas algunas protegidas, lo que según la Fiscalía supone el 99 % de la fauna piscícola de la zona.

La afectación de los vertidos no se limitó a las aguas superficiales del río: también se filtraron a las subterráneas y acabaron contaminando un acuífero, lo que exigió "costosos" trabajos de descontaminación a la Agencia Catalana del Agua (ACA), que en total desembolsó 72.813 euros para tratar la zona afectada del Besòs.

El incendio de los productos tóxicos de Ditecsa, además, causó emisiones de compuestos orgánicos "muy contaminantes y muy peligrosos para la salud humana y el medio ambiente".

Según la Fiscalía, los acusados sabían que al permitir las mezclas de productos tóxicos y peligrosos en unas instalaciones "llenas de líquidos altamente inflamables y no correctamente acondicionadas para evitar riesgos ambientales" se producirían efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente.

Tras el incendio, la empresa inició un procedimiento de responsabilidad ambiental en la que adoptó medidas destinadas a descontaminar las aguas subterráneas. EFE

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