Madrid, 19 sep (EFE).- El ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda ha defendido este jueves ante el juez la adjudicación de un contrato de mascarillas a la empresa del caso Koldo, y ha explicado que la expresidenta del organismo Isabel Pardo de Vera fue quien le facilitó el nombre de la sociedad.
Miranda ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para declarar como imputado en esta causa, en la que se investigan varias adjudicaciones públicas de lotes de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia y que tiene entre sus principales imputados a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
Según el testimonio prestado por Miranda, fue la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera quien le proporcionó el nombre y el contacto de esta empresa, a la que el organismo público adjudicó un lote de mascarillas por 12,5 millones de euros, informan a EFE fuentes jurídicas.
Una adjudicación que Miranda ha defendido, ya que fue fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Consejo de Administración de Adif, que, según ha dicho, le felicitó por la rapidez en la tramitación.
También ha destacado que Soluciones de Gestión cumplió con lo contratado y entregó en el plazo de un mes el lote de cinco millones de mascarillas.
Miranda, según las fuentes, ha referido además que Puertos del Estado ya había contratado previamente a Soluciones de Gestión y que esto le daba un plus de garantía.
En esta línea, la propia Fiscalía sostiene que la elección de esta empresa "estaría ligada al suministro que previamente" había hecho a Puertos del Estado.
En su declaración, a la que solo ha contestado a su defensa y al fiscal, ha explicado que mantuvo tres llamadas telefónicas con el entonces asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, pero que fueron a partir del 1 de abril, cuando ya se había adjudicado el contrato, y que en ellas gestionaron los vuelos de la mercancía.
Además, según las fuentes, ha negado que estuviese reunido con él.
Miranda también ha sido preguntado por la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, a la que se ha referido como un "despropósito" que no cumple la metodología.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que está a cargo del caso, también ha tomado declaración en calidad de testigo a quien fuese subsecretario general de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, organismo que también adjudicó un contrato a Soluciones de Gestión por 3,4 millones de euros.
Como hizo en la comisión de investigación abierta en el Senado en torno a estas contrataciones, este comisario jubilado ha explicado al juez que el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, fue quien le indicó que se pusiera en contacto con Soluciones de Gestión y le dio el número de Íñigo Rotaeche, un directivo de esa empresa investigado en la Audiencia Nacional.EFE
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