El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el nombramiento de Mercedes González como nueva directora general de la Guardia Civil, así como el cese de Leonardo Marcos, un día después de que el Gobierno anunciase su intención de recuperar a la diputada socialista para el cargo. En dos reales decretos, firmados por el Rey Felipe VI y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se comunica el cese de Leonardo Marcos y se le agradece "los servicios prestados" como director general del Instituto Armado, y se nombra a Mercedes González como su sucesora a propuesta del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, previa deliberación del Consejo de Ministros. Según fuentes gubernamentales, Leonardo Marcos presentó su renuncia por motivos personales y su intención es volver a ocupar su plaza como técnico del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, según le trasladó personalmente el pasado 12 de septiembre al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El cambio se produce tras 15 meses de Leonardo Marcos como máximo responsable del Instituto Armado, una etapa en la que ha tenido que gestionar crisis como el asesinato en Barbate (Cádiz) de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. Con anterioridad, formó parte de la estructura del Ministerio del Interior como director de Protección Civil y Emergencias. En junio de 2023, un mes antes de las elecciones generales convocadas por sorpresa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Mercedes González se vio obligada a dejar el cargo al frente del Instituto Armado para ir en las listas del PSOE por Madrid. Con su renuncia, Mercedes González se convirtió en el director general que menos tiempo estuvo al frente de esta institución desde la aprobación de la Constitución de 1978, según el listado con todos los directores generales publicado en la web de la Guardia Civil. Mercedes González había accedido al cargo de directora general de la Guardia Civil por la salida de María Gámez, que presentó su dimisión ante el ministro Fernando Grande-Marlaska debido a una investigación judicial que afectaba a su marido en relación con una derivada del caso ERE de Andalucía.