Sumar asegura que se va a derogar las injurias a la Corona, aunque al PSOE le "cueste llamar las cosas por su nombre"

El portavoz de Sumar en Interior y Justicia, Enrique Santiago, ha afirmado que el plan de regeneración democrática acordado con el PSOE en el seno del Gobierno supone la derogación de las injurias a la Corona, aunque a su socio "a lo mejor les cuesta llamar las cosas por su nombre". "El tema está clarísimo", ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso cuestionado por la posición del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien no ha aludido expresamente a que la reforma del Código Penal pactada se refiera al fin de las injurias a la Corona. Sin embargo, Santiago sí ha remarcado expresamente que se incluya la derogación de los delitos que afectan a la libertad de expresión como las injurias a la Corona, a las altas instituciones del Estado y los tipos relativos al "escarnio" de los sentimientos religiosos. LA JEFATURA DEL ESTADO EN NINGÚN CASO QUEDA SIN PROTECCIÓN Para el portavoz parlamentario de IU, era "imprescindible" poner fin a estos delitos y ha proclamado que, en ningún caso, la Jefatura del Estado va a quedar sin protección, pues tendrá la misma que se prevén para cualquier ciudadano. De hecho, ha desgranado que incluso el tipo general de injurias hasta tiene una "carga sancionadora más alta que los previstos en la normativa especial". Santiago ha desgranado que era "obligatorio" reformular el Código Penal en cumplimiento con sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han sancionado a España por vulneraciones del derecho a la libertad de expresión por la vigencia de ese tipo de delitos. Es más, ha comentado que el tribunal comunitario ya ha manifestado que manifestaciones que podían considerarse difamatorias por estos tipos penales a autoridades entra dentro de la crítica y que, en todo caso, hay mecanismos de protección en el orden civil que se van a "preservar e incluso potenciar". A nivel general, el dirigente de IU ha desgranado que con este plan de regeneración se da un "paso adelante importante", aunque aún "insuficiente" para su espacio político, al incluirse en el acuerdo validado en el Consejo de Ministros asuntos "imprescindibles para mejorar la calidad democrática" de España. Por ejemplo, ha citado el compromiso reformar la Ley de Secretos Oficiales, cuya redacción se remontaba al franquismo y no tenía "razón de ser", refuerzos a la Fiscalía Anticorrupción o la creación de la Autoridad Independiente de Protección a Denunciantes de Corrupción, una medida que Sumar venía reivindicando y propuso en el Congreso. El diputado del grupo plurinacional también ha celebrado que se incluya la eliminación del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones. No obstante, ha enfatizado que el "gran reto" que queda por delante es que la derogación de la 'Ley Mordaza'sea "completa" y son conscientes de que para ello, más allá de la voluntad de Sumar, se requiere un gran pacto con los grupos parlamentarios que garantice los derechos de manifestación y participación ciudadana "cercenados" por la norma auspiciada en su día por el PP. Fuentes de Sumar están convencidos que la despenalización de estos delitos de opinión no va a ser problemática, pues percibe un alto consenso parlamentario para suprimirlos y agrega que se puede reactivar cuando se estime porque el grupo parlamentario presentó una proposición no de ley para derogar estos tipos penales. NO HAY LUGAR A DUDAS: SE SUPRIMEN LAS INJURIAS A LA CORONA Anteriormente, otras fuentes de Sumar incidían en que la redacción pactada para reformar el Código Penal recogía una redacción que dejaba cómoda a las dos partes de la coalición y ponía las bases para acabar con las injurias a la Corona. Desde el socio minoritario del Gobierno destacan que tras días de intercambio con el PSOE, ayer se cerró el texto validado por el Consejo de Ministros y que pese a las "reticencias iniciales" de la parte socialista, han logrado "blindar la libertad de expresión". En este punto, destacan que el acuerdo sellado con el PSOE recoge abordar una reforma "integral" de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países comunitarios y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Es decir, desde Sumar ahondan en que se incluyen a todas las instituciones del Estado y eso engloba sin ningún género de dudas a la Corona, tanto por el redactado como por la mencionada jurisprudencia europea. EMPUJARÁ PARA PODER RECUPERAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL A LOS JUECES Por otro lado, Sumar insiste en que no era su modelo encargar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia (CNMC) la creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, pues entienden que no es eficaz. La apuesta del socio minoritario, que ven más efectiva, es haber desplegado un Consejo Estatal de Medios de Comunicación, como propusieron ya en el Congreso mediante una proposición no de ley que funcionara como autoridad independiente y imparcial para garantizar el cumplimiento de los principios deontológicos en la prensa. También admiten que en este acuerdo con el PSOE ha quedado fuera una de las medidas que demandaba Sumar y es recuperar la opción de exigir responsabilidad civil a los jueces en casos de 'lawfare'. No obstante, el socio minoritario seguirá insistiendo en reactivar esta figura suprimida por el PSOE y que están dispuestos a plantearla en futuras inciativas legislativas que lleguen a la cámara. Otro de los aspectos que demandará Sumar cuando se revise la normativa relativa al derecho al honor es incluir la obligada reparación para cargos públicos que sufren profusión de informaciones sobre aperturas de causas judiciales contra ellos que luego quedan en nada, al entender que es una actuación vital para combatir casos de lawfare.