El paquete fiscal de los presupuestos pasa por banca, energéticas y "alguna otra cuestión"

Madrid, 15 sep (EFE).- El Gobierno ha reafirmado esta semana su intención de presentar presupuestos para el próximo ejercicio, unas cuentas que irán acompañadas de un paquete fiscal que incluirá iniciativas conocidas, como la extensión de los impuestos sobre la banca y las energéticas, pero que también podría incorporar "alguna otra cuestión".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó en la apertura del curso político que los futuros presupuestos de 2025 ahondarán en la fiscalidad progresiva, con impuestos que graven más a quienes "ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas".

Este futuro paquete fiscal podría incluir novedades, ha admitido esta semana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha recordado que también hay iniciativas pendientes de tramitación en el Congreso y que el futuro proyecto presupuestario para 2025 se asentará en una previsión de incremento de la recaudación del 6,5 %.

Fuentes de Hacienda han confirmado a EFE que siguen trabajando en la conversión de los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas en impuestos permanentes, un compromiso que formó parte del acuerdo de investidura con Sumar y que difícilmente podrá cumplirse antes de final de año debido a los plazos parlamentarios.

La conversión de estos gravámenes en impuestos -en lugar de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, como son actualmente- tiene que regularse en una ley específica, como sucede con todos los nuevos tributos.

Esto implica que las normas de creación tienen que recorrer todo el procedimiento legislativo ordinario: aprobación en Consejo de Ministros como anteproyecto de ley, paso por los órganos consultivos, vuelta al Consejo para su aprobación como proyecto de ley y entrada en las Cortes, donde su tramitación se demora varios meses.

Estos plazos podrían acortarse si las iniciativas se recogen en proposiciones de ley a iniciativa de los partidos, ya que llegarían directamente al Congreso sin pasar por Consejo de Ministros ni por los órganos consultivos, aunque por el momento no se ha planteado esta posibilidad.

Una solución temporal para evitar que los gravámenes desaparezcan una vez abonadas las cantidades correspondientes al ejercicio 2023 -y que continúen en vigor el próximo año, como pretende Hacienda- sería la aprobación de una prórroga, como ya se hizo el pasado año, cuando se extendió la vigencia de estas prestaciones de dos años a tres.

El gravamen sobre las energéticas grava los ingresos no regulados en España al 1,2 % y el de la banca, el margen de intermediación al 4,8 %, lo que permitió recaudar un total de 1.455 millones en la primera mitad del año (correspondiente al pago anticipado de febrero, la mitad de la cuota anual): 612 y 844 millones, respectivamente.

Entre las pistas que ofreció Montero sobre el nuevo paquete fiscal figuran su alusión a proyectos ya en el Congreso y a garantizar el "rendimiento" de los tributos, lo que parece apuntar a la reforma del impuesto de sociedades, una figura que tiene "muchas deducciones que a veces agujerean este impuesto", subrayó.

El PSOE planteó una enmienda a la ley de medidas anticrisis en la que proponía cambios en el impuesto de sociedades para contrarrestar el efecto en la recaudación de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la reforma del tributo de 2016, que afectaba a materias como la compensación de bases imponibles negativas o las deducciones por doble imposición.

El plazo de enmiendas de esta ley se cerró en marzo, pero tras acordarse su avocación al Pleno del Congreso ese mismo mes su tramitación no ha avanzado, por lo que los eventuales cambios en el impuesto de sociedades continúan a la espera.

Junto a los cambios tributarios ya propuestos, la vicepresidenta apuntó que su departamento "permanentemente revisa y explora dónde hay capacidad de que los que tengan mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida", lo que abre la puerta a "alguna otra cuestión que se pueda plantear para los próximos meses".

Estas palabras están en línea con las del presidente del Gobierno, que abogó por "más transporte público y menos Lamborghini", y aunque Montero no desveló si planea implementar alguna figura o revisar las ya existentes, sí advirtió de que podría dirigirse tanto a personas físicas como a empresas.

Los grandes patrimonios se encuentran actualmente gravados, además de por el IRPF, por el impuesto de patrimonio, gestionado por las comunidades autónomas, y el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, que funciona como un complemento para garantizar la tributación en las regiones que tienen bonificado el de patrimonio. EFE

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