Madrid, 12 sep (EFECOM).- La tasa de cobertura del bono social eléctrico en 2022 fue del 24,5 %, con lo que, aunque creció un 23,2 % desde el año anterior, cerca de 8 de cada diez beneficiarios potenciales no lo disfruta, según un estudio de la escuela de negocios Esade en colaboración con la ong Oxfam.
El informe destaca que la tasa de cobertura sube al 45,5 % para las familias numerosas, pero se queda en el 20 % para las familias de renta baja y en el 9,2 % para jubilados con pensión mínima; de este modo, aunque dos de cada tres beneficiarios eran de renta baja, uno de cada tres no lo es.
Esade y Oxfam revelan que entre los hogares de familia numerosa de ingreso medio-alto, más del 60 % recibe el bono, porcentaje que cae al 40 % entre los de bajos ingresos.
Otro de los aspectos destacados es la brecha entre hogares monomarentales y con ambos progenitores, que ha crecido hasta los 12 puntos desde los 3,5 de 2020.
En contraste, en 2022 la cobertura de hogares con todos los miembros nacidos en España (27 %) duplicaba a la de hogares con alguna persona nacida en el extranjero (13 %).
Para los hogares con vivienda en alquiler, la brecha se ha mantenido en unos 8 o 10 puntos entre 2020 y 2022, con una tasa de cobertura del 19 % en el primer caso frente al 27 % para los segundos.
Ser familia numerosa, destaca el estudio, constituye el mejor argumento para aumentar las posibilidades de recibir el bono, un 27 %; por el contrario, lo que más perjudica a la hora de obtener el bono social es la presencia de algún miembro nacido en el extranjero.
Entre las medidas que proponen los autores del estudio figura reducir en la medida de lo posible barreras de entrada, ya que el hogar debe dirigirse a la empresa comercializadora del bono, para lo que "como mínimo necesita saber de su existencia y disponer de la documentación solicitada".
Esade y Oxfam sugieren desplazar la responsabilidad hacia las Administraciones, que podrían coordinarse con las comercializadoras para identificar qué hogares son susceptibles de recibir el bono basándose en los datos de Hacienda (para renta), Seguridad Social (para condiciones de pensión mínima) y otros organismos que disponen de la información necesaria.
Asimismo, "parece apropiado" reconsiderar la definición de criterios, introduciendo un máximo de renta para las familias numerosas, definido de manera que solo excluya a hogares que claramente no necesitan de ningún apoyo monetario (ingresos altos).
En todo caso, concluye el documento, habría que considerar en el largo plazo el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta, que permitan abordar las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos. EFECOM
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