Barcelona, 10 sep (EFE).- El expresidente independentista catalán Carles Puigdemont ha lamentado que "España" haya decidido no aplicarle la ley de amnistía "el mismo día que decide mantener impunes los crímenes del franquismo" y ha afirmado que se ha enterado de la decisión "por la prensa".
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado el recurso de Puigdemont contra su decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía.
En un mensaje en X, Puigdemont ha subrayado que la decisión de Llarena llega el mismo día en que la titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha archivado la querella presentada por Julio Pacheco, el primer denunciante de torturas en el franquismo que declaró ante un juez en España.
"Y, para mantener las tradiciones españolas, de esto nos volvemos a enterar por la prensa", ha añadido el dirigente independentista.
Llarena ha dictado un auto en el que desestima los recursos de Puigdemont y dos de sus colaboradores, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.
El fallo argumenta que la ley deja fuera de la amnistía los delitos de malversación cuando el sujeto actúe con "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", lo que concurre en este caso, según el juez.
Además, incide en que los procesados "decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste" del referéndum de independencia que convocaron unilateralmente.
Llarena ya se opuso en julio a que Puigdemont se beneficiara de la amnistía por el delito de malversación y mantuvo la orden de detención en su contra.
Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 tras la declaración de independencia, apareció públicamente en Barcelona el pasado 8 de agosto, pero no fue arrestado y escapó de nuevo al extranjero.
La ley de amnistía para los involucrados en el intento ilegal de independencia de Cataluña ha sido promovida por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y ha provocado un acalorado debate mediático y político en España con la derecha, en la oposición.
Aprobada por los grupos de izquierda y nacionalistas que apoyan a Sánchez, la norma ha sido recurrida por el propio Tribunal Supremo y varios gobiernos regionales conservadores ante el Tribunal Constitucional.EFE
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