Entidades sociales piden cambiar el Reglamento de Extranjería más allá del mercado laboral

Madrid, 10 sep (EFE).- La alianza de entidades de apoyo a migrantes integrada por Andalucía Acoge, Cáritas, Cear, Convive Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes reclama al Gobierno una reforma "de mayor alcance" del Reglamento de Extranjería para evitar situaciones de irregularidad.

La ministra Elma Saiz presentó el pasado mes de julio el borrador del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería que pretende simplificar el sistema de autorizaciones y los procedimientos para las empresas contratantes y para los migrantes, incorpora nuevas formas de arraigo y facilita la regularización de aquellos migrantes víctimas de explotación laboral y de violencia de género.

Las seis organizaciones consideran necesario avanzar en la reforma del reglamento de forma dialogada para desarrollar una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral, sino que aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos.

Las entidades sociales han enviado sus propuestas al proceso de reforma del reglamento, que consideran un instrumento clave en la política migratoria y una herramienta fundamental para promover la inclusión de la población migrante en España.

Pese a los avances que incorpora la propuesta del Ejecutivo, consideran que existe "un amplio margen de mejora para garantizar los derechos de las personas migrantes y acabar con situaciones de exclusión y desproteción", explican en un comunicado conjunto.

Destacan aportaciones clave en el nuevo texto como la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización o la simplificación de los procedimientos de arraigo, pero reclaman garantizar vías de entrada seguras y regulares que eviten la irregularidad administrativa, con la concesión de visados o la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar.

También proponen reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes de extranjería, con medidas como la creación de puntos de información, acompañamiento y orientación para reducir la elevada brecha digital que se advierte en el acceso a la administración de extranjería, así como la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes.

Además, se insiste en la necesidad de proteger el acceso a la justicia y a la denuncia para las víctimas de delito, de manera que la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia, y puedan evitarse situaciones de desprotección, expulsión o impunidad del infractor.

Las entidades sociales reclaman mayor protección y reconocimiento de derechos de las niñas y niños migrantes, acompañados o no por sus familias, y propuestas más amplias que las que recoge el nuevo texto en cuanto a la autorización de residencia legal para menores que han nacido en España o la adaptación del sistema de determinación de la edad a la normativa internacional. EFE

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