Madrid, 10 sep (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado extender la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar, que ahora tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos, algo que será obligatorio para quienes las emplean y cuyo cumplimiento será facilitado por el Estado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la norma protege a "las invisibles, las que sostienen nuestras vidas, nos cuidan y, hasta hace muy poquito, carecían de derechos".
La vicepresidenta segunda ha puesto de manifiesto la importancia de la norma "para las trabajadoras del hogar, las mujeres y las familias de nuestro país" y ha recordado que hay 367.900 empleadas de hogar de alta en el sistema, de las que el 45 % son migrantes y la mayoría están en Madrid y Cataluña.
Esta regulación, pionera y fruto del diálogo social, termina un camino que comenzó con la aprobación de un subsidio especial en la pandemia y continuó con el derecho a la cotización para la prestación por desempleo y con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Esta norma se va a sostener con una acción inequívoca de las administraciones públicas", ha dicho Díaz, ya que "nadie va a ver incrementado sus gastos", porque "van a tener derecho, en los servicios públicos, al reconocimiento médico".
Así, el servicio público de empleo (SEPE) proporcionará una herramienta gratuita para la formación obligatoria sobre los riesgos asociados a las tareas del hogar, que solo se realizará una vez aunque se preste servicio en varias casas, y se hará dentro del horario de trabajo o se compensará con tiempo de descanso.
El Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de un reconocimiento médico en la cartera de servicios del sistema nacional de salud, que será periódico y único, aunque se tengan varios empleadores.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará una herramienta gratuita que facilitará el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos, elaborará una Guía Técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico y un Protocolo en caso de acoso.
El empleador por su parte deberá asumir la provisión gratuita de "los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones" y los repondrán cuando resulte preciso.
Además, tendrá la obligación de informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar, supuesto en el que no podrá exigirse la reanudación del trabajo mientras persista el peligro.
La norma también recoge la prevención en caso de que el trabajo se realice mediante servicios de ayuda a domicilio, de forma que las personas encargadas de las evaluaciones de los riesgos laborales han de llevarlas a cabo mediante visitas presenciales a los domicilios donde se lleva a cabo la actividad de cuidado.
Los plazos establecidos en la norma, a cuyo texto ha tenido acceso EFE, retrasarán al menos hasta enero de 2026 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones, ya que no serán exigibles hasta seis meses después de que el INSST tenga lista la plataforma de evaluación de riesgos, un desarrollo para el que dispone de un plazo de diez meses. EFECOM
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