C. Valenciana prueba su recurso de inconstitucionalidad contra la "aberración legislativa" de la Ley de Amnistía

El pleno del Consell ha aprobado en su reunión extraordinaria de este lunes la presentación del recurso contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, una medida que toma "en defensa de la igualdad de los valencianos" y para rechazar "de forma frontal" esta norma, según ha expuesto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha cargado contra una ley "que han impuesto los mismos delincuentes que se van a beneficiar de ella o ya se han beneficiado". "Recurrimos y rechazamos una aberración legislativa que rompe la garantía de seguridad jurídica y la protección de los derechos de todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de valencianos y que, en última instancia, premia la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad", ha expuesto el dirigente valenciano en una comparecencia ante los medios. Mazón ha valorado que, de esta manera, el Consell cumple con su compromiso de responder ante "cualquier decisión que cuestionara esa igualdad" y da respuesta de manera "serena pero firme" a "cualquier pretensión de transformar España en un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". "Con la misma serenidad y firmeza, llegaríamos hasta donde hiciera falta para impedirlo", ha valorado. Así, ha resaltado que con la "ley en la mano, la determinación intacta y con los recursos jurídicos de los que nos dota nuestra propia autonomía", el gobierno valenciano "cumple con la palabra dada". "Los valencianos han de saber que cuentan con un Consell que no va a permitir que esa ruptura del principio de legalidad que valida la Ley de Amnistía ponga en peligro ni la igualdad de trato que merecen ni las oportunidades que deben seguir teniendo", ha argumentado. Además, Mazón ha denunciado que la Presidencia del Gobierno "de todos los españoles" dependa "por entero y a tiempo completo de que unos pocos disfruten de los privilegios conseguidos", de forma que se consagra una España "de dos, tres o cuatro velocidades" en la que "la prioridad estará en las demandas de un único territorio y con los restos habrá que apañarse para todos los demás". "Esa es la España reconciliada, según Pedro Sánchez", ha censurado. UNA LEY "ESCRITA AL DICTADO DE LOS DELINCUENTES" El jefe del Consell, que ha reivindicado que no dará "ni un paso atrás" en la defensa y la garantía de los derechos de los valencianos, ha cargado contra una norma escrita, a su juicio, "al dictado y que han impuesto los mismos delincuentes que se van a beneficiar de ella o ya se han beneficiado". "Como si al ladrón se le consintiera redactar el Código Penal que más le convenga", ha ejemplificado. Una ley, ha criticado Mazón, que, en "última instancia", premia "la deslealtad, el egoísmo y la insolidaridad". Por otro lado, el gobierno valenciano ha rechazado la presencia de tres magistrados del Tribunal Constitucional por su "notoria y sonrojante" vinculación con el PSOE, concretamente la de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro Juan Carlos Campo y la magistrada Laura Díez. "Rechazamos una ley que presenta como veraz y hace suyo el relato soberanista que termina con la idea de una consulta para ejercer el derecho de autodeterminación, alcanzar la independencia de Cataluña y hacer realidad la ensoñación de los 'Països Catalans'", ha insistido Mazón. En este punto, ha enviado un "mensaje claro" a quienes desde Cataluña "alientan esa entelequia supremacista" y a quienes desde la Comunitat Valenciana "regaron el ideario del 'procés' con cientos de miles de euros en subvenciones": "Que pierdan toda esperanza, no daremos ni un paso atrás en la defensa de esta tierra y de sus señas de identidad". Y ha señalado que se "equivocaron" quienes "pensaron en algún momento que asumiríamos resignados esta quiebra de los valores de nuestro régimen constitucional", quienes "creyeron que no alzaríamos la voz contra este ataque a la igualdad entre españoles" y quienes "siguen intentando confundir a esa mayoría de ciudadanos que se han ido sumando a un movimiento plural de rechazo que va más allá de las propias siglas políticas". CONVIVENCIA "EN LIBERTAD" Al respecto, Carlos Mazón ha reivindicado que la igualdad "no es de izquierdas o de derechas", sino que es "la base de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seremos". "Es fundamento de unidad y consenso, combustible y motor de las esperanzas que compartimos como ciudadanos de un mismo país", ha sostenido. Frente al modelo "que defiende el separatismo y aquellos que hoy dependen de él para seguir vivos políticamente", el presidente de la Generalitat ha recalcado que el Consell apuesta por una convivencia "en libertad" y por consolidar "un modelo de equilibrio sin privilegios" en materias como la financiación, la dependencia, las infraestructuras o el agua. "Un modelo de sensatez que proteja el valor de lo que es común a todos", ha apuntado. Y esa España "de todos" que, ha añadido, "escogerá siempre la igualdad por encima de cualquier tipo de discriminación" y que será la que defienda el Consell. "Una España de ciudadanos libres e iguales en la que defender la igualdad real y efectiva entre territorios y para todas las personas, con unidad y respeto por la ley y las instituciones", ha afirmado. Mazón ya anunció el pasado 30 de mayo, en una sesión de control en Les Corts, que el gobierno valenciano tenía preparado el recurso, el mismo día en el que el Pleno del Congreso respaldó con mayoría absoluta la Ley de Amnistía con lo que levantaba el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación. De esta manera, la Generalitat se suma a Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page, y a cinco de los catorce gobiernos autonómicos del PP, concretamente Andalucía, Aragón, Madrid, Cantabria y Murcia, que han presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una década del proceso independentista. Concretamente, la Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio, por lo tanto, las CCAA tienen hasta este miércoles 11 de septiembre para interponer sus respectivos recursos.