Madrid, 5 sep (EFE).- Ante "la peligrosidad" de las instalaciones de conducción eléctrica para la seguridad de las aves, los fiscales especialistas en medio ambiente han sido instados a "explorar nuevas vías" para la aplicación del derecho penal frente a ese problema, según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023.
Se trata de "un problema harto conocido, amén de generalizado en todo el territorio nacional, con consecuencias extraordinariamente negativas", tal como se recoge en el documento, en el que se advierte además de "la seriedad" que implican los choques de la avifauna contra acristalamientos de instalaciones como edificios o pistas de pádel.
"A finales de 2023 se ha remitido nuevo oficio a los fiscales especialistas recordando la importancia del problema y la posibilidad, para hacerlo frente, de explorar nuevas vías para la aplicación del derecho penal".
La Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo lleva unos años planteándose el uso del Derecho penal porque "supone una gran amenaza para la conservación de especies de avifauna protegida y, por tanto, para la biodiversidad, derivada de la mortandad de aves en líneas eléctricas ya sea por electrocución y/o por colisión".
En el documento se recuerda que existe normativa que obliga a los inspectores de Industria a señalar en sus actas las carencias de las medidas de seguridad electrotécnicas para evitar electrocuciones y se señala la posibilidad de "recontextualizar la respuesta penal".
Hasta el momento la única sentencia condenatoria es la 334/2021, en la que se condena de conformidad a un particular en su condición de administrador de un coto, y el propio coto, por una línea eléctrica "cuyas carencias estructurales determinaron la muerte por electrocución de un importante número de aves al chocar con la misma".
Sobre el problema de los acristalamientos se señala que, "de los datos, estudios y experiencia, hasta el momento se puede afirmar que las superficies acristaladas son una seria amenaza para las aves, aunque no se ha podido cuantificar el grado real de mortandad".
"Se ha podido constatar que la eficacia de las medidas para evitar estas colisiones es prácticamente nula, aunque existen diversas iniciativas de interés".
Se considera conveniente "que las administraciones competentes procedan a impulsar cuantas medidas fuesen procedentes en pro de la preservación de la fauna, así como a adoptar las iniciativas necesarias para evitar o disminuir estas colisiones".
"Diversas administraciones han adoptado medidas para prevenir las colisiones de aves contra acristalamientos de pistas deportivas, edificios, pantallas acústicas, etc., lo que pone de manifiesto la enorme seriedad del problema y la palpable necesidad de proceder al respecto".
Además de las aves, la memoria, en temas medioambientales, incluye también datos sobre incendios forestales, delitos urbanísticos o consultas sobre maltrato animal y agresiones de perros potencialmente peligrosos.
El número de Grandes Incendios Forestales (GIF), de más de 500 hectáreas, alcanzó los 57 en 2022, cifra casi tres veces superior a la media de la década (21), según la memoria, a partir de datos del Ministerio para Transición Ecológica (Miteco).
La media de incendios forestales por negligencias en los últimos cinco años ha sido del 68,8 por ciento y los intencionados, casi el 24 por ciento; solo en 2022 estos últimos ascendieron al 25,5 % y en 2023 al 19 %. EFE
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