La actividad fiscal por la violencia sexual aumenta un 9 %, con casi 30.000 diligencias

Madrid, 05 sep (EFE).- La actividad de la Fiscalía General del Estado por los delitos contra la libertad sexual aumentó un 9 % en 2023, hasta las 29.425 diligencias previas, un incremento que atribuye a la eficacia de campañas de concienciación y a la repulsa social tras casos mediáticos, que ha contribuido a una mayor denuncia de las víctimas.

"Sin duda, las campañas de sensibilización son eficaces, pues la sensibilización que se traslada en las mismas contribuye a que cada vez afloren más conductas que en otro momento hubieran quedado ocultas e impunes", indica el ministerio público en su memoria anual relativa al año 2023.

"También ha tenido influencia en cuanto al número de hechos denunciados la repercusión mediática y social de determinados casos que han fortalecido a las víctimas, quienes decidieron denunciar al sentirse apoyadas por las manifestaciones públicas de colectivos en repudia de estos delitos", continúa.

La Fiscalía subraya que "es responsabilidad de todos crear un clima de apoyo para que las víctimas salgan de su silencio".

Tras el cambio que supuso la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, que acaba con la categoría de abuso para integrar todos los delitos sexuales bajo el tipo de agresión sexual y centra el castigo en la falta de consentimiento, se ha registrado un esperado aumento de los delitos de agresión (un 92 % más de incoaciones que en 2022).

El ministerio público denuncia que, al suceder en la intimidad, se mantiene un "indefinido índice de impunidad" de la violencia sexual, que se perpetra "con gran frecuencia al aprovecharse las relaciones próximas entre víctima y agresor", ya sea en el seno de la familia, en la escuela, en clubes deportivos...

"Siguen existiendo espacios –como el ámbito familiar o de relación con personas conocidas– en los que se cometen delitos que atentan contra la libertad sexual de personas menores de edad, de forma más o menos continuada, aprovechando el escaso desarrollo de las víctimas y el silencio que generalmente suelen guardar al ser más manipulables", alerta la memoria.

También destaca un aumento de delitos contra la libertad sexual a través de internet, conociéndose la víctima y agresor a través de las redes sociales, y un incremento "notable" de agresiones que se producen en el entorno lúdico: "Muchas se habrían cometido durante la noche/madrugada a la salida de locales de ocio nocturno con aprovechamiento por los autores de la vulnerabilidad de las víctimas tras la ingesta de bebidas alcohólicas y/o sustancias tóxicas".

De nuevo, la Fiscalía llama la atención sobre los "perversos efectos que el visionado de pornografía está produciendo en los menores de edad", con comportamientos "altamente sexualizados a edades impropias, con una clara trivialización de las relaciones sexuales", en ocasiones con conductas sexuales distorsionadas, que llegan a ser perversas o retorcidas.

El ministerio público califica los delitos sexuales perpetrados por menores como una "alarmante espiral que no para de crecer", en la que impactan el acceso temprano al porno, la falta de educación afectivosexual y el consumo de alcohol.

Por último, la memoria se refiere a la revisión de sentencias de violencia sexual tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, "en ciertos casos no acorde con lo pretendido por el legislador".

A este respecto, la Fiscalía ha analizado la actividad del Tribunal Supremo durante 2023, año en el que la Sala II revisó 81 sentencias: 27 revisiones comenzaron por la interposición de recurso del ministerio público contra el auto de revisión, la tercera parte. En 7 de esas 27 (25,9 %), el Supremo anuló la condena, en 14 se estimó parcialmente el recurso (51,8 %) y el 6 desestimó el recurso y mantuvo la revisión (22 %).

  Las otras 54 revisiones se iniciaron por un recurso del agresor condenado: en el 18,5 % se revisó la condena (10) y en el 81,5 % se mantuvo la no revisión.

Por tanto, concluye la Fiscalía, el Supremo indicó que no procedía la revisión de la sentencia firme de condena, bien porque anuló el auto que la acordaba o bien porque desestimó el recurso del penado contra el auto que la denegaba en un total de 51 sentencias, el 62,96% de las 81 estudiadas. EFE

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