El PP y sus CCAA se preparan para escenificar la próxima semana el registro de sus recursos al TC contra la amnistía

El PP y sus comunidades autónomas se preparan para escenificar la próxima semana la interposición de sus recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una década del proceso independentista catalán. A la espera de las "instrucciones" definitivas de 'Génova', varias autonomías ya apuntan al día 10 de septiembre como fecha más probable, lo que supondría apurar el plazo establecido, que termina el 11 de septiembre. La Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnarla desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio. Pese a sus recelos por la composición del TC, el primer partido de la oposición anunció desde el primer momento que recurrirían al tribunal de garantías si bien apostó por agotar los tiempos. El PP y sus comunidades han dedicado el mes de agosto a perfilar sus respectivos recursos de inconstitucionalidad, que "beberán" de las alegaciones que ha hecho el Tribunal Supremo --como su rechazo a amnistiar la malversación del 'procés' y las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la desobediencia--, "más aquellas otras que consideren oportunas sus departamentos jurídicos", según indicó el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, este mes de agosto en una entrevista concedida a Europa Press. Feijóo confirmó este lunes que el Grupo Popular presentará en "los próximos días" su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, sin desvelar fecha concreta. En el caso de Castilla y León, su consejero de Presidencia, Gonzalo Gago, señaló a finales de agosto que "lo más previsible es que sea el día 10" de septiembre y se mostró convencido del éxito de su recurso por vulnerar hasta 14 artículos de la Constitución. Otras autonomías consultadas por Europa Press también apuntan a que es probable a que ese registro se lleve el día 10, algo que permitiría escenificar de forma conjunta el rechazo del PP a la Ley de Amnistía. "Presentarlo a finales de esta semana supondría tapar la reunión de este viernes de Feijóo con los 'barones' del PP", han señalado fuentes territoriales del PP a Europa Press, que han indicado que tienen listos los recursos y que están a la espera de las instrucciones de la dirección nacional del PP. EL PP PIENSA RECUSAR A VARIOS MAGISTRADOS DEL TC Los 'populares' también intentarán apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC): su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez. Así lo avanzó hace tres semanas a Europa Press la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegurando que "no dan garantías de imparcialidad ni de independencia en la resolución a la hora de conocer y de resolver un recurso de esa magnitud". Según Feijóo, el fallo del TC tendrá garantías si esos magistrados aceptan abstenerse, dadas sus "sospechas de parcialidad". "Estamos absolutamente convencidos de que, si el Tribunal Constitucional, las personas que planteamos la recusación, se abstienen en las votaciones, nos daría mucha garantía", dijo este lunes en Onda Cero Si esos tres magistrados que el PP va a recusar fueran apartados, la mayoría en el tribunal de garantías se daría la vuelta ya que de siete a cinco a favor de los progresistas se pasaría a cinco a cuatro con victoria de los conservadores. TAMBIÉN RECURRIRÁ CASTILLA LA MANCHA A las comunidades administradas por el PP se unirá Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García-Page, muy crítico con el perdón al 'procés' y las cesiones de su partido, el PSOE, a los partidos independentistas. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó interponer un recurso tras estudiar el dictamen encargado a su Consejo Consultivo, cuyas conclusiones son "contundentes" respecto a la inconstitucionalidad de la norma, que --a su juicio-- vulnera el principio de igualdad. Además, planteaba que la aprobación de la amnistía habría requerido de una reforma constitucional.