Algeciras (Cádiz), 21 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en San Pablo de Buceite (Cádiz) a tres miembros de una misma familia como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, al contratar para trabajos en el campo a personas en situación irregular.
Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación ha permitido sacar a la luz un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 200.000 euros.
La Policía Nacional tuvo conocimiento en mayo último de que una empresa de mantenimiento y desbroce, que realizaba sus labores en carreteras de varios municipios del Campo de Gibraltar, tenía trabajando a personas en situación irregular.
Se abrió entonces una investigación cuyo resultado fue la detención de tres miembros de un clan familiar, dos hermanos y la hija mayor de edad de uno de ellos, todos de origen marroquí.
El grupo criminal se dedicaba a contratar a trabajadores extranjeros tanto en situación regular como irregular a través de varias empresas, en las que figuran como administradores únicos, relacionadas con el sector de la silvicultura y otras actividades forestales.
El 'modus operandi' delictivo consistía en crear una empresa con la que iban contrayendo de forma progresiva una deuda con la Seguridad Social, hasta que el valor de la misma era tan elevado que les obligaba a parar la actividad y crear una nueva empresa a la que traspasaban los trabajadores y con la que volvían a contraer una nueva deuda, y así progresivamente.
Durante los años que han permanecido activas las diferentes empresas en ningún momento hicieron frente al pago de las cuotas de autónomo ni los seguros sociales de los trabajadores, a pesar de que la deuda iba alcanzando grandes cantidades.
La primera empresa de la que se tiene constancia, actualmente inactiva, contrajo una deuda no saldada de casi 175.000 euros.
Otra de las empresas, creada en el año 2023 por una de las investigadas, se encuentra activa y con una deuda actual contraída con la Seguridad Social que supera los 30.000 euros.
Durante la investigación se comprobó que todos los trabajadores irregulares empleados en las empresas del grupo criminal tenían en común la condición de solicitantes de protección internacional en territorio nacional, cuya solicitud había sido denegada, extremo que les impedía trabajar en España. EFE
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