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La Audiencia Nacional ha eximido a Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de pagar más de 1,5 millones de euros en concepto de IVA por las aportaciones que realiza la Comunidad Autónoma para garantizar el servicio. En concreto, la Sala de lo Contencioso ha estimado un recurso de la empresa pública que gestiona los trenes en Mallorca, anulando una liquidación efectuada por la Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Baleares. Hacienda reclamaba el pago de 1,5 millones al incluir en la base imponible las transferencias corrientes realizadas por la Comunidad Autónoma en 2016. Dado que los recursos que obtiene SFM con la venta de billetes no cubrían sus gastos corrientes, la Comunidad realizaba esas aportaciones para cubrir la diferencia y garantizar el servicio a los ciudadanos. En este contexto, la Agencia Tributaria argumentaba que el consorcio en el que está integrado SFM tiene capacidad para fijar las tarifas, que se encontraban por debajo del valor de mercado --para fomentar el uso del transporte público--. Por ello, el tribunal económico establecía una relación "directa e inmediata entre el servicio prestado y la contrapartida recibida" y entendía que encajaba con el concepto de pago por tercero que lo hacía incluible en la base imponible del IVA. Por su parte, la empresa pública argumentó que este tipo de transferencias deben quedar al margen del IVA porque no son subvenciones vinculadas al precio sino un fomento de la actividad, "una dotación genérica para el equilibrio económico". Para la Audiencia, es indiferente la denominación --ya sea transferencia, compensación o subvención-- sino que "lo esencial es que proceden del presupuesto del ente público para financiar servicios públicos".