El juez Aguirre rechaza apartarse del caso Volhov y ve mala fe en las defensas

Barcelona, 5 ago (EFE).- El juez Joaquín Aguirre ha rechazado apartarse de la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, en un auto en el que pone en duda la "buena fe" de las defensas por esgrimir la filtración de una conversación suya, de origen "posiblemente ilícito", para desacreditarlo.

Así lo sostiene Aguirre en un auto, que se puede recurrir, en que rechaza tramitar la recusación que planteó Josep Lluís Alay, asesor del expresidente Carles Puigdemont, a la que se sumaron otros imputados, entre ellos el expresidente Artur Mas, después de que reabriese la causa sobre la supuesta injerencia rusa y la remitiera al Supremo, por traición, malversación y organización criminal, pese a que la Audiencia de Barcelona le había impedido seguir investigando el caso.

Las defensas ya pidieron hace meses la recusación del juez, por su entrevista en una televisión alemana en la que hablaba del caso Volhov, pero la Audiencia de Barcelona rechazó en mayo apartarlo de la causa.

Alay solicitó de nuevo en julio pasado que Aguirre fuera apartado del caso Volhov por su falta de imparcialidad, esgrimiendo una conversación privada publicada esos días por varios medios en la que el magistrado se jactaba de haber tumbado la amnistía y usaba expresiones como "al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Y ya está. A tomar por culo".

El juez ha rechazado de plano la recusación, sin ni siquiera admitirla a trámite, al considerar "más que dudoso" que la petición se haya planteado "de buena fe": apunta que esos audios son de hace seis meses y que las defensas conocían su contenido, pero no lo han usado hasta que les ha convenido.

El magistrado denuncia que la nueva recusación se basa "exclusivamente" en estos audios "de origen desconocido" y que el medio que los publicó "no ha querido desvelar su fuente", de lo que se deduce, en su opinión, que su origen es "turbio" y "posiblemente ilícito".

Además, apunta que la conversación podría estar manipulada, motivo por el que ha presentado denuncia ante la Policía Nacional para que lo investigue.

Otro de los argumentos para rechazar la recusación es que, según el propio juez, no tiene "ningún interés directo ni indirecto" en esta nueva pieza sobre la supuesta injerencia rusa del procés, por la que el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, le ha interpuesto una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por prevaricación y malversación.

Además, Aguirre sostiene que se trata de la segunda recusación que la defensa de Alay interpone en su contra en un "breve lapso de tiempo", lo que cree que revela la utilización de un instrumento legal para apartar de un caso al juez predeterminado por ley debido a que "está llevando a cabo una instrucción que no es del interés" del investigado.

También entiende que existe un "fraude de ley" que obliga a rechazar la admisión de la querella por una cuestión formal, al no aportar la defensa debidamente redactado el preceptivo poder especial para poder formularla.

Por otra parte, en varios autos el juez también ha rechazado aplicar la amnistía a los investigados en la pieza inicial del caso Volhov, sobre el supuesto desvío de fondos desde la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC.

El juez, que a raíz de esa causa abrió otra pieza para indagar si el supuesto desvío de fondos que sirvió para sufragar los gastos de Puigdemont en Waterloo, concluye que "en ningún momento" se han evidenciado indicios de que las subvenciones concedidas "irregularmente" lo fuesen "con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña".

Por lo tanto, considera que los hechos podrían calificarse como de "corrupción ordinaria" y que por lo tanto no estarían incluidas en el contexto del proceso independentista, por lo que no pueden ser amnistiados. "No existe el menor asomo de que tengan relación con el fomento del independentismo catalán", insiste.

"Este magistrado no tiene, ni debe tener, en cuenta si los investigados son o no independentistas", apunta Aguirre, que asegura que se limita a comprobar si se ha acreditado la comisión de los delitos objeto de la causa y su relación con el procés.

"Por el hecho de que una persona se declare independentista no tiene de por sí carta blanca para cometer los delitos que aquí se investigan", insiste Aguirre, que además se apoya en el hecho de que los acusados siempre negaron en la causa que malversasen para promover la independencia de Cataluña. EFE.

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