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El preacuerdo entre PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat prevé el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas con el objetivo de promover la proyección internacional de las federaciones deportivas de Cataluña y que estas compitan internacionalmente. En concreto, el texto consultado este martes por Europa Press señala que el Govern "continuará trabajando para el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos sus niveles", por lo que promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones catalanas. En la misma línea, el preacuerdo contempla también la creación de una Oficina adscrita al Consejo Catalán del Deporte que promoverá las selecciones catalanas que, según la Ley del Deporte, pueden participar internacionalmente al haber nacido antes que la federación española correspondiente o tener un arraigo social e histórico en Cataluña. PACTO NACIONAL POR LA LENGUA Asimismo, el acuerdo entre los dos partidos para investir al que fuera ministro de Sanidad incluye aprobar un Pacto Nacional por la Lengua que cuente con 200 millones de euros de financiación en su primer año. Este Pacto se deberá aprobar en los primeros 100 días del próximo Govern y se deberá dotar de la correspondiente financiación anual para su despliegue según lo acordado. Del mismo modo, se señala que se deberá crear una Conselleria de Política Lingüística, con un plan de acción transversal que se proyecte sobre el resto de departamentos. Asimismo, ambos partidos se comprometen a "garantizar el catalán como la lengua de uso normal de las administraciones y de las instituciones catalanas" en sus actuaciones internas, la relación entre ellas y las comunicaciones a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán. En todo caso, el documento señala que no se debe perjudicar el derecho de opción lingüística de los ciudadanos en su relación con las administraciones. C1 DE CATALÁN PARA ESTUDIANTES DE "GRADOS ESTRATÉGICOS" El preacuerdo contempla que se debe garantizar que alcancen el nivel C1 de catalán todos los graduados en universidades catalanas de "grados lingüísticamente estratégicos", como salud, derecho, trabajo social y ciencias de la comunicación. Todo ello, con el objetivo de lograr la "competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y los usuarios del país". Además, los estudiantes del grado de educación primaria deberán tener el nivel C2, y se deberá potenciar su obtención en otros grados, especialmente en aquellos más orientados a la docencia, así como en el máster universitario de formación del profesorado. Por otro lado, el preacuerdo señala que el catalán debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo, aunque la determinación de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria "deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos". Los centros deberán hacer un proyecto lingüístico e "impulsar medidas de apoyo educativas en cada lengua" que no podrán ser impuestos y ajenos a los criterios pedagógicos. CATALÁN EN LA SALUD El documento recoge que el Govern deberá "establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del uso" del catalán entre los trabajadores de Salud y Derechos Sociales. También obliga a desarrollar un plan de impulso del catalán en el audiovisual y el entorno digital y garantizar "activamente" el cumplimiento de la legislación en derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y el comercio. MANTENER LA CONSELLERIA ACCIÓN EXTERIOR El preacuerdo contempla que se mantenga la actual Conselleria de Acción Exterior y UE, así como el programa de apoyo al cuerpo consular establecido en Cataluña. También se deberá culminar la creación del Cos d'Acció Exterior y establecer un plan para implementar sus funcionarios en todas las consellerias. Asimismo, se consolidará y ampliará la red de delegaciones actuales, "con especial atención a América Latina y Asia" y se reforzará la acción exterior en África. Por último, prevé reforzar la presencia de la Generalitat en organismos y agencias internacionales en los que se traten cuestiones de las que el Govern tenga competencias.