PSOE-M exige a Ayuso que cese su "insolidaridad" y aplique una batería de medidas para atender bien a menores migrantes

El PSOE-M ha reclamado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una batería de medidas para atender correctamente a los menores migrantes no acompañados que lleguen a la Comunidad de Madrid y que cese su "insolidaridad" e "insumisión constante" ante las políticas desplegadas por el Gobierno de España. Así figura en la Proposición No de Ley (PNL) presentada este lunes por el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, y las diputadas socialistas Lorena Morales y Silvia Monterrubio. El primero de los puntos es que el Ejecutivo autonómico "cumpla con la propuesta que ha hecho el gobierno de España para distribuir a los menores extranjeros no acompañados y desatascar la situación que está habiendo en otras comunidades autónomas". Consideran importante un cambio de actitud después de que "no fuera capaz de acoger a los 30 niños a los que se comprometió en 2022 y 2023" y promueva, a sus ojos, un "ánimo expulsivo ofreciendo condiciones de miseria a los niños migrantes solos" con el fin de que se vayan a otras regiones. Celada ha reconocido que no le extraña la "actitud de insolidaridad e injusticia" del Ejecutivo regional porque de aceptar la acogida se pondría en "evidencia la realidad del sistema de protección social "que hay en la región para atenderlos. Ha descrito como "patético" el estado de los recursos para los menores, que viven en un entorno "dantesco" no propio de "la comunidad más rica" de España "en el S. XXI". "No están habilitados, están saturados y no cuentan con los medios adecuados", ha resumido el portavoz adjunto de los socialistas en la Cámara de Vallecas. Ha reclamado también que se deje de establecer "vínculos" por el PP entre "delincuencia y menores extranjeros no acompañados". Ha destacado que la delincuencia no puede observarse desde el "ángulo ni desde el punto de vista de dónde procede la persona que delinque", sino que deberían tenerse en cuenta otros parámetros como "qué protección social tiene la persona que delinque, qué recursos se le ofrecen para vivir en una sociedad más inclusiva". 100 MENORES EN UN EDIFICIO CON 35 PLAZAS La parlamentaria Lorena Morales ha enfatizado en la situación de "hacinamiento sin higiene" en los centros como Hortaleza, en el que --según la diputada-- conviven 100 menores en un espacio con 35 plazas habilitadas. "Lo que le reclamamos con esta PNL es dignidad, que los niños y las niñas de la Comunidad de Madrid, sin importar su origen, sean acogidos como se merecen en centros pequeños que se parezcan a un hogar, en lugares donde tengan oportunidades de integrarse con recursos socioeducativos a su alcance", ha reivindicado Morales. Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de atenderlos más allá de los 18, con un acompañamiento hasta los 21 para que puedan hacer la transición hacia la vida adulta y que no acaben "en la calle". Es por ello que ha reclamado más plazas, más recursos e itinerarios formativos para lograr ese objetivo de integración. Concretamente, ha detallado Lorena Morales, se pude que se reduzcan las plazas de los centros de menores actuales hasta las 15-20 para poder establecer un modelo "más cercano parecido posible a un hogar", que haya profesionales suficientes e instalaciones dignas, y que los menores migrantes estén "como mucho" seis meses en los recurso de primera acogida antes de pasar a "la red normalizada". Considera clave que se les prepare para la vida adulta y no se les "de una pata en el culo a los 28". "Acaban en la marginalidad y luego nos echamos las manos a la cabeza y se les señala si hay algún tipo de delincuencia, si no les estás dando la más mínima oportunidad, les estás abocando a la prostitución. Así para que están desapareciendo niñas y nadie sabe dónde están, en Picón del Jarama, muchas de ellas también eran extranjeras, y a la mendicidad, a la marginalidad más absoluta", ha alertado la socialista. Ha detallado, además, que se ha elaborado esta propuesta con Amnistía Internacional, trabajadores de centros de acogida, UGT y CC.OO. Entre las aportaciones se encuentra la recuperación del Defensor del Menor y del Educador de Calle, especialmente para las desapariciones, ya que habría un "seguimiento activo para saber lo que está pasando".