Las Palmas de Gran Canaria, 26 jul (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), cree que aún hay margen para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo de última hora que permita al Consejo de Ministros aprobar como decreto ley la nueva regulación sobre la acogida de los menores migrantes, con la seguridad de que luego será convalidada en Congreso, aunque se enmiende con mejoras.
Tras la negativa del Congreso a tramitar la reforma de la Ley de Extranjería, Clavijo ha reunido este viernes a los partidos firmantes del Pacto Canario sobre Inmigración -todas fuerzas parlamentarias de la comunidad autónoma menos Vox-, en un encuentro donde los representantes en las islas de populares y socialistas se ha manifestado dispuestos a hacer lo posible para que ese acuerdo se produzca; cada uno con sus condiciones, pero ambos dispuestos a negociar.
La reunión, como ha reconocido el propio presidente, ha sido intensa, con reproches cruzados por lo ocurrido en el Congreso, pero entre otras cosas ha servido para que los seis partidos firmantes del Pacto Canario (PSOE, CC, PP, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente) hayan reafirmado la vigencia de este instrumento y refrendado su unidad de acción.
"El martes fue un día nada afortunado", en el que el pacto al que habían llegado el Gobierno de España (PSOE-Sumar) y el Gobierno de Canarias (CC, PP, AHI) fue "posiblemente víctima de la crispación" de la política nacional, ha argumentado Clavijo, que piensa que todo el mundo ha tenido oportunidad después de reflexionar, porque los cayucos y las pateras siguen llegando a las islas, ha recordado.
El presidente de Canarias ha anunciado que este mismo domingo se desplaza a Madrid y que está disponible para acudir donde le llamen, si sirve de ayuda para desbloquear un asunto que, a su juicio, ya solo está en manos del "Gobierno y el PP, o del PSOE y el PP".
Y ha remarcado un detalle: en el mismo pleno en el que al Gobierno le rechazaron la reforma de la Ley de Extranjería y el techo de gasto para los presupuestos de 2024, el PSOE y el PP sacaron adelante los nuevos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, lo que le lleva la siguiente conclusión: "Cuando quieren, pueden".
"Desde luego, nosotros no nos vamos a resignar a que se vulneren los derechos de los niños y niñas, ni a que dejen sola a Canarias en esta crisis humanitaria. Acudiremos donde tengamos que acudir", ha advertido Clavijo, que ya hace unas semanas adelantó que, si la reforma legal no prospera, podrían pedir el amparo de los tribunales.
Por el PSOE, su portavoz en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha corroborado que su partido y el Gobierno central están dispuestos a negociar. "Siempre lo hemos estado", ha apostillado.
Franquis sostiene que buena parte de las condiciones que pone el PP ya habían sido aceptadas por el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, el interlocutor del Gobierno en este asunto, pero aún así está listo para hablar de nuevo con el PP. Eso sí, ha subrayado él que puede garantizar que habla "por los 121 diputados del PSOE en el Congreso", pero duda de que el PP de Canarias pueda decir lo mismo sobre sus 137 parlamentarios.
La representante del PP en esta reunión, la diputada Luz Reverón, ha remarcado que la situación migratoria "es un problema de Estado" y ha asegurado que, "siempre que se tengan en cuenta" sus propuestas, su partido está dispuesto a sentarse con el Gobierno a negociar.
Reverón ha recodado las principales: garantizar que el Estado financie la acogida, convocar a la Conferencia de Presidentes para discutir este asunto, que afecta a competencias autonómicas, y extender a toda España la declaración de emergencia que ya se aplica en Canarias sobre este asunto, lo que permite agilizar trámites.
¿Estaría dispuesto el PP a asegurar que un decreto ley con esta reforma no será después revocado por el Congreso?, se le ha preguntado. "Cualquier iniciativa será bienvenida siempre que se sienten a negociar", ha respondido, antes de puntualizar que también exigen que sea una norma de aplicación a todas las comunidades, "no a unas sí y a otras no", en referencia a las objeciones de Junts. EFE
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