Bruselas expedienta a España por no aprobar últimas normas de reestructuración bancaria

Bruselas, 25 jul (EFECOM).- La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de un expediente a España por no haber transpuesto completamente las últimas normas sobre capacidad de absorción de pérdidas de bancos sistémicos de escala global, según informó la institución en un comunicado.

Además de a España, Bruselas ha abierto procedimiento de infracción por el mismo motivo a Bulgaria, Italia, Chipre, Lituania, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia.

En particular, critica que no hayan trasladado completamente a sus legislaciones nacionales las últimas enmiendas aprobadas sobre la directiva europea de recuperación y resolución bancaria (BRRD, por sus siglas en inglés), relacionadas con el tratamiento prudencial de instituciones financieras con importancia sistémica a nivel global y la capacidad de absorción de pérdidas y recapitalización de grupos bancarios.

Estos cambios, destacó la Comisión Europea, son "importantes" para "garantizar una alineación total en la UE con los estándares del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) y "necesarios" para que los grandes bancos reflejen fielmente la exposición que tienen a sus propias filiales con sede en terceros países, de forma que puedan afrontar en mejores condiciones futuras crisis financieras.

Bruselas apunta que las enmiendas "deberían conseguir una completa armonización del tratamiento prudencial de recursos internos para absorción de pérdidas y recapitalización de entidades intermedias de un grupo bancario".

"En ausencia de la trasposición de estas medidas técnicas pero importantes, no será posible conseguir el necesario nivel de armonización en el marco unificado de la UE para el sector bancario", advierten las autoridades comunitarios.

En consecuencia, la Comisión ha enviado cartas de emplazamiento, la primera etapa de los procedimientos europeos de infracción, a Bulgaria, España, Italia, Chipre, Lituania, Austria, Polonia, Portugal y Eslovaquia.

Estos países disponen ahora de un plazo de dos meses para responder a las autoridades comunitarias, que pasarán a la segunda fase del expediente -el envío de un dictamen motivado - si consideran que la respuesta no es todavía satisfactoria.

El último paso, si los Estados miembros siguen sin trasponer las enmiendas a su legislación nacional, sería elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en última instancia podría multar a los países incumplidores. EFECOM

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