![infobae](https://www.infobae.com/new-resizer/9TQmvqasACOLYWKtMhGLxxgAX-4=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KKQNGM4WP5ECPLY7N3YLEZUEKI.jpg 420w)
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, han coincidido en la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Ley Mordaza, y en avanzar en políticas públicas de vivienda. En rueda de prensa en Madrid tras mantener una reunión, Maíllo ha manifestado que la Ley Mordaza "es una pesadilla" al igual que la existencia de los denominados delitos de opinión en el Código Penal, que afectan a derechos de huelga o la libertad de expresión. Por tanto, terminar con esa normativa es uno de los objetivos de regeneración democrática para esta legislatura. Por su parte, Sordo ha manifestado que hay elementos de sentido común en el paquete de medidas que el presidente, Pedro Sánchez, avanzó ela semana pasada, aunque ha precisado que en su opinióin "hay y que ir mucho más allá" y abordar la derogación de la Ley Mordaza y una modificación del Código Penal, que ahora sirven para "penalizar" movilizaciones sindicales o el despliegue de los 'piquetes' informativos en la convocatoria de huelgas. A juicio del dirigente de CCOO, hay una "interpretación extensiva y peligrosa del Código Penal que convendría corregir", además de abogar por una reforma del acceso a la carrera judicial. Sordo también ha afirmado que la política de vivienda pública en España es "fundamental" y tienen que ser "mucho más ambiciosa". "Hay que ser más valientes, hay que implementar toda la potencialidad de la política de vivienda o de la Ley de Vivienda", ha subrayado. Mientras, Maíllo ha alertado de que las rentas del trabajo se ven "subcionadas por el gasto en vivienda", ya sea en alquiler o en hipoteca, que es necesario corregir con "políticas audaces". A su vez, el líder de IU ha dicho que políticas de promoción de vivienda pública son necesarias y ha denunciado el "boicot" por parte del PP, a través de las comunidades en las que gobierna, para aplicar las medidas que marca la Ley de Vivienda estatal.