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El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este lunes que "es inédito en democracia que un presidente del Gobierno de España sea llamado a declarar a un juzgado porque su mujer se ha encargado de sus negocios particulares en La Moncloa". Antes de participar en una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, Azcón ha declarado a los medios de comunicación en relación a la citación de Pedro Sánchez en sede judicial el próximo 30 de julio como testigo. A juicio del presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, "tiene toda la lógica" que el juez llame a declarar a Sánchez, señalando que "es evidente que la mujer del presidente del Gobierno --Begoña Gómez-- se dedicó a hacer negocios en los despachos de Moncloa", lo que "no habíamos visto en la historia de la democracia de este país", añadiendo que "además de dar respuestas en los juzgados, Sánchez debería también dar respuestas ante los medios de comunicación y el Congreso de los Diputados". LEY DE EXTRANJERÍA Respecto a la toma en consideración, este martes en el Congreso, del proyecto de Ley de Extranjería, Jorge Azcón ha opinado que el Gobierno de España "no tiene voluntad de negociar", observando que "la negociación se produce horas antes de que se inicie la tramitación". "Si el Gobierno de España de verdad hubiera tenido voluntad de buscar un acuerdo en la Ley de Extranjería, se hubiera dirigido hace semanas al Partido Popular para tratar de buscar ese acuerdo mediante el diálogo", ha considerado Azcón, agregando que "cuando horas antes de que se inicie la tramitación lo que se mandan es unos 'Whatsapps', deja en evidencia no solamente que no aceptan nada de las propuestas que hace el Partido Popular, sino que desde el punto de vista formal --el Gobierno de España-- lleva ya meses buscando el enfrentamiento en algo que debería ser una política de Estado". El presidente del Ejecutivo regional ha opinado que debería haberse tramitado como un proyecto de ley y "deberían haberse aceptado las propuestas del PP", la principal de ellas relativa a la financiación. "No puede ser que los menores en las comunidades autónomas vayan a cargo de las arcas autonómicas y que el Estado no esté ayudando como debería a que esos menores tengan las condiciones de dignidad que cualquier persona requiere", ha aseverado. "Habrá que esperar hasta el último momento, pero quien tiene que cambiar su posición es el Gobierno de España", ha finalizado.